Michael Corkery

Wells Fargo ha entrado en conflicto con los reguladores bancarios una vez más: por segunda vez este año, el banco no pasó una prueba clave de regulación creada tras la crisis financiera del 2008 y que busca reducir las amenazas que los grandes bancos representan para la economía en su conjunto.

En abril, los reguladores anunciaron que habían rechazado los planes propuestos por Wells Fargo y otros cuatro bancos importantes. Cada banco fue requerido a presentar un plan que salvaguardara la economía en caso de quiebra de la institución. Desde entonces, los cinco bancos han vuelto a presentar sus planes de preparación para desastres: el único plan que no pasó la prueba fue el de Wells Fargo.

Debido a los continuos problemas con el plan de Wells Fargo, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos le prohibieron establecer nuevas unidades internacionales o adquirir una subsidiaria que no fuese ya un banco.

Dichas sanciones pueden ser levantadas si Wells Fargo arregla su plan para el 31 de marzo. Wells tiene hasta entonces para presentar su plan una tercera vez. Si los problemas persisten por más tiempo, los reguladores podrían poner límites adicionales sobre la empresa.

Por ejemplo, el banco podría verse obligado a comenzar a vender activos en ciertas unidades, incluyendo su rama de corretaje.

En un comunicado el martes, Wells Fargo dijo que creía que ya había atendido las áreas en las que los reguladores habían encontrado debilidades.

"Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con las agencias (reguladoras) para entender mejor sus preocupaciones de manera que podamos llevar nuestro proceso de resolución de acuerdo con sus expectativas", dijo el banco.

Los reguladores dijeron que el problema con el plan de Wells Fargo no estaba relacionado con su enorme fraude de cuentas ficticias que han hecho caer al banco en el caos desde septiembre. Wells todavía se está esforzando para investigar y contener el daño de ese escándalo, en el que miles de empleados bancarios fueron despedidos por crear cuentas secretas y no deseadas por sus clientes, algunos de los cuales perdieron dinero o resultaron con sus antecedentes crediticios afectados.

Aun así, el problema del plan en caso de quiebra es la última humillación de Wells Fargo, considerado hasta solo unos meses como uno de los bancos más bien manejados de los Estados Unidos.

Todos los mayores bancos estadounidenses deben presentar a los reguladores estos planes para casos de quiebra. Son estrategias para salir del mercado de una manera ordenada, algo que les faltaba en el 2008, cuando el gobierno federal tuvo que apuntalar la debilidad de bancos como Citigroup y Bank of America.

El requisito del plan de quiebra, aprobado como parte de la reforma financiera Dodd-Frank del 2010, está destinado a evitar que los contribuyentes tengan que rescatar a los grandes bancos de nuevo en el caso de un gran fracaso financiero. De todas las normas aprobadas a raíz de la crisis, este requisito está diseñado para abordar más directamente la cuestión de los bancos "demasiado grandes para quebrar".

Los lobistas de los grupos de presión bancarios se han quejado de que los planes de quiebra son otro ejercicio costoso que se exige a las empresas y que estas deben pasar meses tratando, a menudo sin éxito, de adivinar la voluntad de los reguladores. En su declaración, Wells Fargo dijo que había creado una oficina dentro del banco dedicada a la corrección de problemas con su propuesta de plan de quiebra.

Los demócratas están mostrando los planes de quiebra como ejemplos de la fuerza y éxito de la ley Dodd-Frank en un momento en que los republicanos están prometiendo revocar partes de esa legislación, una vez que el presidente electo Donald J. Trump asuma el cargo.

El senador Sherrod Brown, demócrata de Ohio, miembro de mayor rango de la comisión bancaria, dijo que "la determinación conjunta de hoy es un recordatorio de que la reforma de Wall Street está funcionando y controlando a los megabancos que destrozaron nuestra economía y fueron rescatados por los contribuyentes".

Es irónico, en cierto modo, que Wells sea el banco que sigue teniendo dificultades para probar a los reguladores que podría gestionar su propio cierre en el caso de una quiebra.

Durante la crisis financiera, Wells evitó muchos de los errores de hipotecas que casi hundió Wall Street. En comparación con otros grandes bancos, fue relativamente bien capitalizado y soportó las sacudidas de la crisis del 2008.

Pero su estrella reguladora ha caído desde que estalló el escándalo de las cuentas simuladas. El veterano líder del banco, John G. Stumpf, fue llamado a declarar dos veces ante el Congreso, donde enfrentó un aluvión de críticas por no administrar adecuadamente el banco y acabar con el mal comportamiento financiero. Luego de eso, Stumpf renunció. En un acuerdo sobre las cuentas ilegales, Wells pagó US$ 185 millones, incluyendo US$ 100 millones para la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, la multa más grande que la agencia haya aplicado nunca.

Los reguladores citaron deficiencias técnicas específicas en la vida de Wells, incluyendo asuntos de "servicios compartidos" y "racionalización legal de la entidad". Estos problemas generalmente apuntan al hecho, dicen los reguladores, de que Wells no ha encontrado la manera de consolidar adecuadamente la totalidad de las muchas, complejas e interconectadas regiones de su imperio bancario.

Los reguladores dijeron los otros cuatro otros bancos que habían fallado en abril –Bank of América, Bank of New York Mellon, State Street y JP Morgan Chase– habían solucionado las deficiencias en sus planes.