Una historia que conmueve profundamente es la que protagoniza una familia paraguaya y que fue publicada por el diario español el País, contada por la periodista Cristina Huete. Se trata de la expulsión de un menor a Paraguay, porque éste no logró un contrato laboral. El joven vivía en España desde los 5 años.
Hasta la semana pasada, Manuel, de 19 años, no conocía más país que España, a donde llegó con 5 desde Paraguay en brazos de su madre y en donde vivió el resto de su corta vida con ella, con su abuelo y con su hermano pequeño, nacido allí.
El 22 de noviembre las autoridades españolas ejecutaron la deportación exprés de Manuel, ya que transcurrido un año desde su mayoría de edad, no había conseguido un contrato de trabajo de un año de duración. "Lo enviaron como un delincuente a Paraguay, un país que no conoce", protesta desconsolada Victoria, su madre, que cuenta por primera vez su historia. Entre los 13 y los 18 años, Manuel estuvo bajo la custodia de la Xunta de Galicia ante la imposibilidad de su madre, entonces muy enferma, de atenderlo. La administración autonómica sostiene que no tramitó la nacionalidad a la que el joven tenía derecho "porque no teníamos su tutela, sino su custodia, que es otra figura jurídica".
El Gobierno español insiste en que la deportación se realizó "con todas las garantías legales", sin embargo, el caso desató una fuerte polémica porque se trata de un chico que llevaba viviendo desde los 5 años en España, donde también reside su familia. Varios colectivos apelan al arraigo social del joven en España.
"HA DESTRUIDO MI HOGAR"
"El Estado español me lo dio todo y después me lo quitó; ha destruido mi hogar", llora Victoria, la madre, de impotencia. "El día que se hundió mi vida fue cuando caí enferma porque hasta entonces yo fui feliz aquí", sostiene mientras hace un recuento de cómo su hijo, un "chaval" de 19 años que ni siquiera finalizó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) fue expulsado "por un trámite imposible de cumplir para la mayoría: un contrato de trabajo de al menos un año de duración".
La ley contempla la autorización de residencia por arraigo social para los extranjeros que hayan permanecido en España un mínimo de 3 años y tengan un contrato laboral de al menos uno de duración. Por el momento, la ex cuñada de Victoria se hizo cargo de momento de Manuel, relata la madre.