Tras cumplirse el plazo de la intervención en la Facultad de Ingeniería (FIUNA), la resolución del conflicto tiene muy pocos avances y sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó el informe de gestión del interventor Julián Agüero, quien se comprometió en destrabar el impasse y levantar el paro estudiantil a través del diálogo y para ello le asignaron un presupuesto de G. 85.400.000.

El CSU aceptó el plan de trabajo de Agüero y en 15 días debe presentar otro informe de los avances, explicó Abel Bernal. Entre los avances se pueden citar el despeje de la secretaría general, el diálogo entre docentes, estudiantes y funcionarios, los reemplazos en los cargos de confianza y el desbloqueo del 40% de los accesos a la FIUNA.

Pese al poco avance, las autoridades de la UNA dieron un voto de confianza a Agüero y a su plan de regularización de las actividades administrativas y académicas, que engloba la reprogramación de las clases y asignaturas pendientes para los estudiantes. "Hay mucha resistencia todavía por parte de los estudiantes y aún no pudo desbloquear todos los accesos, pero poco a poco van avanzando con las reuniones", señaló el rector.

El plan de trabajo que propuso Agüero tiene un costo de G. 85.400.000. En este presupuesto se incluyen los honorarios de todas las personas que estarían apoyando la investigación. En cuanto a las elecciones, el interventor señaló que mañana se estaría reuniendo con representantes de todos los estamentos para decidir sobre los comicios pendientes.

Los docentes aseguran que con más de 12 días de intervención no se consiguió nada, ya que las aulas siguen vacías porque aún no se planteó un modelo de recalendarización, los accesos siguen cerrados, incluso el que se dirige hacia el Rectorado y las oficinas también clausuradas se encuentran cerradas.

Pese a los pequeños avances de la investigación los estudiantes calificaron al interventor como un tanto "lento y pasivo" porque, según ellos, no está llevando el proceso que está ajustado a un escaso tiempo de 60 días. En este sentido, afirman que Agüero busca dilatar el proceso solo para que los alumnos vuelvan a las aulas sin dictar ningún sumario administrativo pese a la recomendación de la propia Secretaría de la Función Pública (SFP).