Miguel Ángel Godoy, defensor del pueblo, argumentó que su denuncia contra la defensora general, Noyme Yore, se sustenta en el "reclamo popular" de 65 reclusos de las penitenciarias de Tacumbú y Buen Pastor, quienes hasta la fecha no son atendidos como corresponde por sus respectivos defensores públicos.

El defensor del pueblo, Miguel Ángel Godoy, presentó ayer una denuncia contra la titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Noyme Yore, por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM). El desencadenante fue el reclamo de 65 reclusos de las penitenciarías de Tacumbú y Buen Pastor, quienes revelaron que no son atendidos correctamente por sus respectivos defensores públicos.

En conversación con la 970 AM, el defensor del pueblo explicó que tras entrevistar a los reos constataron que ninguno conoce a sus defensores y mucho menos saben de pasos procesales y en qué circunstancias se encuentran sus expedientes.

Ante este escenario, Godoy solicitó un informe sobre la cantidad actual de presos o personas con privación preventiva de libertad, detectando que más de 2.700 se encuentran sin sentencias, así como que el 70% de los reclusos de Tacumbú son representados por defensores públicos.

"Decidimos poner esta situación a conocimiento del JEM, a los efectos que tome cartas en el asunto. El proceso penal abierto contra Yore y la falta de política funcional de la Defensoría General deja en claro que hay un mal desempeño de funciones, de manera reiterada", sentenció Godoy.

La defensora general, Noyme Yore, se encuentra procesada por el delito de usurpación de funciones públicas desde marzo de este año, luego de que la jueza penal de garantía, María Gricelda Caballero, admitió la imputación presentada por los fiscales Josefina Aghemo y José Dos Santos en ese mismo mes contra Yore.

En la imputación, los representantes del Ministerio Público alegaron que Yore violó el artículo 23 de la Ley Nº 4423/11 al designar como nuevos defensores públicos a los abogados particulares Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Ramón Vera Gamarra, hoy también procesados.

El apartado explica claramente que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de designar a los defensores públicos, previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Yore hizo caso omiso, excediéndose en el ejercicio de sus funciones, ya que la misma solo puede realizar nombramientos de funcionarios administrativos y auxiliares, previo concurso público de oposición.

Otro hecho reciente, que involucra a la Defensoría, es la utilización de un vehículo del Estado en un acto político liberal, realizado el 18 de noviembre.

Según constató La Nación, los efrainistas utilizaron una camioneta de la marca Kia Sorento, con chapa BPJ 112, propiedad del MDP, para trasladar a dirigentes liberales y transportar mercaderías hasta una reunión partidaria, en Fernando de la Mora, donde estuvieron presentes el titular del PLRA, Efraín Alegre, y el actual director de Planificación de la Defensoría, Germán Fatecha.

En principio, la responsabilidad de haber ordenado el uso del vehículo del Estado recayó sobre Fatecha, pero días después éste rompió el silencio y deslindó la responsabilidad en la titular del MDP, Noyme Yore.

Asimismo, El MDP contrató, de enero a octubre de este año, a 126 nuevos funcionarios, de los que 59 serían operadores políticos del sector efrainista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Desde la propia institución, señalan que el director de Planificación, Germán Fatecha -investigado por la Fiscalía por tráfico de influencia-, estaría detrás de los contratos de cada uno de los empleados del MDP. Fatecha es considerado el "mimado" de Yore.

Del total de funcionarios incorporados a la Defensoría Pública durante este año, los 59 afiliados al PLRA representan el 47%; mientras que los 31 afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR), representan el 25%. Los demás, 36 empleados (28%), no tienen afiliación en los partidos más tradicionales.