La reciente aprobación de la ley de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia en el Senado, con modificaciones luego de un intenso debate sobre el uso de la terminología y otros detalles, pone en manos de la Cámara de Diputados, lograr que la misma, sea por fin una realidad en nuestro país.

Lo que debe tenerse en cuenta, antes que cualquier consideración personal o individual, es la necesidad de asumir con fuerza de ley, esa protección integral. Y no se trata de otra cosa que de observar la realidad en la que vivimos , tanto en el país como en todo el mundo.

El feminicidio es un crimen que se extiende como una pandemia. En todo el mundo, los datos sobre la muerte diaria de mujeres, asciende a cifras catastróficas. En nuestro país, según datos oficiales, se produce un crimen de mujer bajo la figura de feminicidio, cada 9 días. Y, en lo que va del año, fueron 36 las asesinadas. Esto, es más que suficiente para que la sociedad toda admita una realidad que no se puede soslayar ni tampoco ocultar con eufemismos.

En una entrevista publicada ayer por La Nación, la titular de la Secretaría de la Mujer, organismo estatal dedicado a promover los derechos de las mujeres que ha participado e impulsado la promulgación de la ley, cuya primera versión salida de Diputados fuera aprobada en el Senado con modificaciones y correcciones, la ministra Baiardi brindaba datos muy importantes que, aunque muchos creamos que son "harto conocidos", no están muchas veces incorporados a nuestros pensamientos diarios como ciudadanos. Por ejemplo, el hecho de que al publicarse o hablar públicamente de violencia hacia la mujer, ha logrado que más personas se atrevan a realizar denuncias que antes no se realizaban, ya sea por vergüenza o por presiones familiares o simplemente por desconocimiento de los propios derechos.

En nuestro país, según datos oficiales, se produce un crimen de mujer bajo la figura de feminicidio, cada 9 días. Y, en lo que va del año, fueron 36 las asesinadas. Esto, es más que suficiente para que la sociedad toda admita una realidad que no se puede soslayar ni tampoco ocultar con eufemismos.

Lo interesante de esta ley que ahora pasa a Diputados nuevamente para su estudio y aprobación, es que no solo se ocupa de calificar y clasificar el tipo de delitos cometidos contra las mujeres, sino que establece penas más importantes para los autores y también se ocupó de desechar la posibilidad de "conciliación" entre víctimas y victimarios, propiciada por las autoridades intervinientes en caso de ocurrido el hecho y, más allá del detalle del uso del término "género", que promovió cierto nivel de debate, la ley recientemente salida del Senado, conformó a todos los sectores involucrados en la discusión sobre la misma.

La importancia de que exista una ley de protección a las mujeres, más allá de cualquier opinión individual sobre la misma, es que como sociedad nos obliga a ver una realidad que muchas veces hemos preferido ignorar o peor aún, ocultar bajo un manto de "comprensión" o justificar por cuestiones supuestamente históricas o culturales. La verdad es que más allá de la muerte y el sufrimiento que producen los feminicidios a sus propias víctimas, hay otras que deberán llevar de por vida el estigma de ese sufrimiento. Hijos de las mujeres asesinadas a manos de los que a veces son sus propios padres, que deberán vivir con ese dolor indescriptible y, en el peor de los casos, crecer en un ambiente en el que en su juventud y madurez se desarrollará en el marco de la violencia aprendida.

Por ello, es una responsabilidad muy seria la que ahora deberán asumir los honorables miembros de la Cámara Baja, la de asumir la realidad para combatir un problema que no es de seguridad solamente, ni de un sector minoritario. Se trata de un complejo y doloroso drama que afecta a miles y miles de familias, no sólo a las mujeres y que, con una ley de protección adecuada, podrán tener a su alcance, la posibilidad de acceder a la justicia y hasta prevenir males mayores.