Río de Janeiro, Brasil. AFP.
Brasil se apresta a vivir hoy domingo una jornada de protestas contra la "corrupción" de aliados del presidente de derechas Michel Temer. La convocatoria, paradójicamente, fue hecha por organizaciones ciudadanas que hasta hace unos meses sacaban a millones de personas a las calles para pedir la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff.
"El domingo vamos a la calle contra la forma sucia de hacer política y en apoyo a la investigación Lava Jato" sobre el escándalo de Petrobras, afirmó en su página de Facebook la organización "Vem Pra Rua" (VPR, Ven a la calle), que fue una de las más activas en exigir el impeachment de la mandataria, separada de su cargo en mayo y destituida definitivamente en agosto por manipulación de las cuentas públicas.
El "Movimiento Brasil Libre" (MBL), liderado por jóvenes con un tono más radical, también llamó a salir a las calles "para poner fin al fuero privilegiado" que libra a ministros y legisladores de la justicia ordinaria; y cambió el "Fora, Dilma" de ayer por un "Fora, Renan".
Renan Calheiros, el poderoso presidente del Senado, es el blanco principal de la convocatoria que, según estos grupos con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales, podría extenderse por más de 200 ciudades, incluyendo Brasilia, Río de Janeiro y San Pablo, epicentro de las protestas contra Rousseff.
SOBORNOS
Calheiros, un aliado clave de Temer y miembro de su partido, el PMDB, enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a la red de sobornos de la estatal Petrobras. El jueves, el Supremo Tribunal Federal (STF), donde hasta ahora se acumulaban esas causas, informó que lo juzgará por un caso de malversación de fondos que estaba en espera desde el 2007.
Un día antes de esa decisión, el senador intentó que la cámara alta aprobara con carácter de urgencia un polémico paquete de leyes anticorrupción que acababa de validar la Cámara de Diputados. Con decenas de legisladores sospechosos de dolos diversos, muchos por la operación Lava Jato, la Cámara incluyó un anexo que permite acusar a jueces y procuradores de abuso de autoridad.