Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que el aumento salarial aprobado por la Cámara de Senadores para los sectores de salud (18%) y educación (entre el 10% y 15%) rompe con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esto, teniendo en cuenta que la normativa contempla que solo se pueden realizar ajustes en la proporción que establece el salario mínimo del sector privado y que no contemplaron para los que sí perciben la remuneración básica. Así lo enfatizó el ministro de la cartera económica, Santiago Peña.
"No hacemos un juicio de valor si corresponde o no el aumento, pero la decisión incumple la LRF. Los senadores aumentaron por encima de lo que había establecido la Cámara de Diputados y sin identificar la fuente de financiamiento", sostuvo.
En el mismo sentido, Peña ratificó que acompañan lo aprobado por Diputados, donde si bien se realizaron algunos incrementos, se contempló el reajuste del 7,2% para los funcionarios que perciben el salario mínimo.
Recordó que cuando se discutió el punto en instancias de la Comisión Bicameral de Presupuesto y luego en la Cámara de Diputados, los legisladores consignaron el aumento, aun cuando no se contaba con la ley que estipulaba el reajuste salarial en el sector privado.
"Con todo esto se aseguraron que el sector público también sea alcanzado, pero desde el segundo semestre del 2017, incluso considerando los recursos obtenidos de las reducciones aplicadas en otras partidas presupuestarias para cumplir con el nuevo salario mínimo", explicó el ministro de Hacienda.
RECURSOS
Peña dijo que de prosperar la decisión de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo debe enfrentar una presión adicional, que será la de buscar los recursos para hacer frente al reajuste que debe aplicarse a la remuneración básica de los funcionarios (policías, militares y plantel administrativo de educación) y que representará unos G. 80.000 millones a partir del próximo año.
Datos proveídos por la instancia legislativa dan cuenta que los aumentos, solamente en Servicios Personales, fueron por G. 379.000 millones. Los mismo se dieron en el Poder Legislativo (G. 30.000 millones), Salud (G. 134.000 millones), Educación (G. 206.000 millones), Seam (G. 5.000 millones) y el Ministerio de Justicia (G. 4.000 millones).