Con la última decisión de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo –a través del Ministerio de Hacienda– debe buscar las alternativas para honrar los compromisos con los acreedores internacionales. Esto, considerando que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2017 se consignó la emisión y colocación de bonos soberanos por un volumen de US$ 558 millones, pero la Cámara Alta concedió la autorización de solo US$ 350 millones.

Tras la determinación y si el proyecto de PGN 2017 es finalmente sancionado por el Congreso Nacional, el PE contará dentro de ese total con solo US$ 132 millones de los US$ 305 millones solicitados para el pago de la amortización de la deuda, es decir, deberá obligatoriamente encontrar la fuente de financiamiento (si no veta el proyecto) para responder al faltante de US$ 173 millones que representa el pago del pasivo del Estado para el próximo año.

REDUCCIONES

Tanto el Ministerio de Hacienda como los senadores colorados explicaron que el Estado no cuenta con recursos para honrar el recorte, salvo que se apliquen profundas reducciones a los programas sociales y se deje sin efecto los aumentos aprobados para salud y educación, recortes que se traducirán en fondos disponibles para el financiamiento de los US$ 173 millones, más los US$ 36 millones recortados para la capitalización de la CAF.

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Conforme con los datos proporcionados por el fisco y el Senado, del 100% de Recursos Tributarios que recibe el Estado, el 92% se destinan a gastos rígidos, es decir, a salarios, jubilaciones e intereses que no pueden ser modificados, quedando solo un saldo de 8%, porcentaje que significa aproximadamente G. 1,671 millones y que a diferencia de los rígidos, los recursos asignados a este componente del gasto podrían ser reducidos.

Del monto de US$ 305 millones solicitados para el pago de la amortización de la deuda, el 72%, alrededor de US$ 219,6 millones corresponde a compromisos asumidos por gobiernos anteriores al 2013, siendo el 28%, aproximadamente US$ 85,4 millones a los tomados por el actual Gobierno de Horacio Cartes.

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