Distribuidores de cemento en Vallemí denunciaron que les llama mucho la atención la repentina medida de fuerza con la que funcionarios de la Industria Nacional del Cemento privaron la entrada de sus camiones para la distribución del citado producto.

Consideraron que el actuar proviene de una parte interesada de funcionarios e incluso políticos que buscan sacar rédito del conflicto. Rogelio Carrillo, uno de los distribuidores mayoristas dijo a La Nación que "no tiene sentido los reclamos de los trabajadores ya que piden tener distribuidores exclusivos por ejemplo, situación que no tiene lógica", dijo.

Reportó que al ir a la INC, sus funcionarios se encontraron hoy lunes con que estaban cerradas las puertas. Comentó que la estatal cementera "incluso realiza promociones que dan ventaja en los precios al comprar en volumen e incluso hace que exista más competencia, porque se saca ventajas en la cantidad".

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Explicó que pueden haber sectores que no les guste la competencia por eso actúan con acciones como el cierre de la institución en contra de las nuevas políticas que busca impulsar la actual administración.

"Además se te da un plazo de 30 dias para pagar, por lo que para comprar en cantidad debes redoblar esfuerzos en materia de distribución", dijo el empresario.

Mencionó a un sindicalista de nombre Antonio Garcete, que es uno de los que está operando en la medida de fuerza, estaría realizando negocios con el cemento y sería parte interesada ya que ahora se está viendo afectado con políticas que implementan la competencia y el libre mercado.

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