Alegando parcialidad, el abogado de los administradores de la Sociedad Civil Bergthal Komitee recusó ayer al fiscal Anticorrupción, Martín Cabrera, quien ya informó el hecho a la Fiscalía General, que a su vez deberá designar un fiscal interino para la causa.

Tras una inminente imputación, Víctor Portillo, representante legal de los administradores de la Sociedad Civil Bergthal Komitee de J. Eulogio Estigarribia -implicados en la "desaparición" de US$ 5 millones-, presentó ayer una recusación contra el fiscal Martín Cabrera, alegando que la decisión de éste "puede afectar gravemente la parcialidad y objetividad" en la causa investigada.

El abogado de los denunciantes, Derlis Rodríguez, sospecha que la idea de Portillo es separar al fiscal Cabrera del caso Bergthal, para evitar la apertura de un proceso penal, que es "prácticamente inevitable" según Rodríguez, debido a las innumerables pruebas que obran en la carpeta fiscal y que desenmascaran el "modus operandi" de los acusados.

Hasta el momento, el Ministerio Público tiene en su poder varios documentos, aparentemente falsificados, así como testimonios de personas que involucran fuertemente a los administradores de la Sociedad Bergthal.

En conversación con La Nación, Cabrera explicó que al enterarse de la recusación informó el hecho a la Fiscalía General, que a su vez deberá designar un fiscal interino, mientras se estudie la recusación. "Ya informamos, pero aún

no fue designado un interino. Posiblemente el lunes se destinará la causa a un sustituto", precisó el agente fiscal.

Todo inició a partir de que un grupo de seis socios de la Sociedad Bergthal decidió romper el silencio y desenmascarar una "rosca corrupta", que aparentemente se apropió de US$ 5 millones, correspondientes a un préstamo que la sociedad había obtenido en el 2010 de un banco de plaza para comprar tierras. Sin embargo, hasta la fecha, las propiedades nunca fueron adquiridas y el dinero desapareció.

En el 2014, durante una reunión entre los miembros, los directivos de la Sociedad Bergthal informaron acerca de un faltante de G. 27.000 millones –que serían los US$ 5 millones– y solicitaron que la deuda sea repartida en forma proporcional entre los socios, es decir, aumentar 30 veces más el aporte mensual de cada uno.

Indignados, los ahora denunciantes se opusieron a esta situación y decidieron

iniciar una demanda en lo civil, pidiendo la rendición de cuentas a los directivos, para así poder aclarar el paradero de los US$ 5 millones.

En el marco del juicio de rendición de cuentas, el Ministerio Público exigió a la sociedad civil presentar todas sus facturas para una pericia contable. Durante las verificaciones, se detectaron varias facturas de dudosa procedencia, con descripciones poco detalladas y altos montos cobrados.

A medida que avanzaba la pericia, los fiscalizadores decidieron seleccionar los documentos con "contenidos llamativos", para luego averiguar sobre la legalidad de las respectivas empresas o emisores de las facturas. Así saltaron varias firmas "fantasma" y supuestos propietarios de los documentos, quienes al ser indagados por la Fiscalía negaron haber brindado servicio a la Sociedad Bergthal y mucho menos haber facturado a nombre de la misma.

En esta situación se encuentran 10 contribuyentes, que supuestamente habían facturado por más de G. 10.000 millones a nombre de la Sociedad Civil Bergthal Komitee.

Rodríguez sostiene que la "rosca corrupta" está compuesta por directivos de la sociedad y contadores que se encargan de llevar adelante las cuentas de varios socios de la cooperativa y civiles de la zona.

El abogado explicó que varias personas encomendaron a estos contadores la cancelación de sus Registros Únicos de Contribuyentes (RUC), pero lejos de cumplir con el trabajo solicitado, cambiaron los rubros para utilizar las facturas como justificativos de los supuestos gastos de la Sociedad Bergthal.

En los documentos facilitados por Rodríguez, completados a mano, se observa que varias facturas con diferentes razones sociales poseen la misma tipografía en la descripción de la venta de productos o servicios; según el abogado, la letra pertenece a Hugo Giménez, contador de la cooperativa y actual rector de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Asimismo, el Rodríguez manifestó que los contadores Mario Miguel Benítez Brizuela, hoy con orden de captura, y Aleader Espinoza, también estarían implicados en el caso de la falsificación de documentos.

Además de las falsificaciones de documentos, en el caso también se habla de una presunta presión política de parte del senador colorado, Silvio "Beto" Ovelar, quien según Rodríguez llamó y amenazó a una fiscala que intervino en el caso. El interés de Ovelar sería proteger a su amigo y correligionario, Hugo Giménez, contador de la Sociedad Bergthal y rector de la Universidad Nacional de Caaguazú.