Por Benjamín Livieres Plano

Periodista

Después de una inexplicable dilación en la Cámara de Senadores, Diputados sancionó con celeridad este miércoles el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual el salario mínimo se ajustará todos los años, en el mes de junio, según los índices inflacionarios.

El Ministerio del Trabajo, por su parte, anunció que el incremento regirá a partir de finales del mes en curso, lo cual, como era lógico de esperar, fue recibido con satisfacción por un amplio sector de empleados y obreros que dependen del sueldo base. No así por sectores empresariales y algunos economistas funcionales a sus intereses que, como siempre, elevaron su voz de protesta por los "efectos inflacionarios" que provocaría la normativa y porque, según arguyen, perjudicaría a los que ganan por encima y debajo del mínimo.

Estas reacciones son típicas de una parte del empresariado que se resiste a modernizarse y desearía seguir de por vida lucrando por medio de la sobreexplotación de sus trabajadores, como en el siglo pasado. Son idénticas a las de hace 20 o 25 años atrás y, al igual que entonces, carecen de fundamento y no se compadecen en lo más mínimo de la realidad.

La verdad es que esa enorme cantidad de compatriotas sentirá el alivio de que todos los años se ajusten sus sueldos para no salir perdiendo en la carrera contra la inflación, como sucedió históricamente.

Vayamos a los hechos. El último ajuste de los haberes básicos se registró el 28 de febrero del año 2014, mediante el Decreto N° 1.324 refrendado por el presidente Horacio Cartes, elevándolo de G. 1.658.232, fijado por Fernando Lugo en abril del 2011, a G. 1.824.055; mientras que la inflación, en los dos años y nueve meses que transcurrieron de entonces a esta parte, fue de apenas el 7%, lo que echa por tierra la tesis de quienes se alarman sobre la "estampida de precios" que supuestamente provoca todo ajuste de sueldos.

Pero así como no se produjo el alza generalizada de precios, dado que el salario mínimo es solo uno de los tantos componentes que determinan los índices de inflación, entre los que se destacan el costo de los servicios básicos, transporte, alimentos, medicamentos, educación, vestimenta, vivienda e innumerables ítems más, tampoco hubo un alza del salario a lo largo de todo ese período. Y esto significó una pérdida importante para el asalariado, quien desde hace meses tiene una capacidad de consumo del 7% menos que antes.

En cuanto a que saldrán perjudicados los que ganan por encima del mínimo, también es una falacia. Siempre que se mueve el piso, se mueven en alguna medida los sueldos que están por encima de éste, entrando a tallar para tal efecto las organizaciones sindicales, los contratos colectivos de trabajo, etcétera. De hecho, si así no fuera, en estos últimos 16 años, en los que se produjeron 10 ajustes salariales, el grueso de los trabajadores ya se hubiera nivelado hacia abajo, en torno al básico, lo cual no sucedió.

¿Y los que ganan menos del mínimo? Plantear esta realidad para justificar el congelamiento de los salarios es, cuanto menos, perverso. Claro que existen muchos en esa condición, pero la salida no puede ser precarizar las condiciones laborales del resto, sino establecer políticas para formalizar las empresas que los condena a sueldos de hambre y al desconocimiento de la mayoría de sus derechos establecidos en el Código del Trabajo.

Hasta aquí, los mitos, pero la verdad es que alrededor de 420.000 trabajadores serán beneficiados directamente por la ley promovida por el Ejecutivo. La verdad es que esa enorme cantidad de compatriotas sentirá el alivio de que todos los años se ajusten sus sueldos para no salir perdiendo en la carrera contra la inflación, como sucedió históricamente. Y la verdad también es que esa gran masa laboral tendrá mayor capacidad de consumo, lo que redundará a favor de los comerciantes y también del fisco, que podrá recaudar algo más en concepto de tributos.

Entonces, ¿con qué argumentos racionales se puede estar en contra de la nueva legislación sobre el salario mínimo?

Desde el punto de vista de la justicia social más elemental, así como por sus efectos positivos en la economía, la sanción y promulgación de esta normativa solo puede calificarse como una gran conquista.