El primer acuerdo, firmado el 26 de setiembre en Cartagena, debía refrendarse mediante un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el "No" ganó por 53.894 votos.

Tras el revés electoral, gobierno y FARC elaboraron otro texto. Las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, con mayoría oficialista. Legisladores del derechista Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe votarán contra el texto por considerar que los cambios son insuficientes.

El pacto de setiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado.

Ahora se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que podría llegar a 15 años.

La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar víctimas. La participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas.