Por Joel Barrios

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Es tiempo del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2017, y repentinamente también con esto, un anticipado inicio de la época electoral, ya que el parlamento debe decidir sobre aumentos de salarios y recortes de privilegios en medio de un fuerte lobby, que va desde las presiones hasta medidas de fuerza de diversos sectores de funcionarios públicos.

Pese a que en un principio los parlamentarios se comprometieron a no realizar grandes cambios en el presupuesto, los Diputados rompieron este pacto efímero aprobando la semana pasada un presupuesto que infló en US$ 80,5 millones la propuesta inicial del gobierno.

Con el aumento salarial del 12% para docentes y médicos, el plan de gastos de la Cámara Baja llegó a los US$ 12.171 millones, y para estas modificaciones no cuenta con una fuente de financiamiento. Sumado al aumento, el monto supera el déficit del 1,5% del PIB, el tope fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue aprobado por el propio Parlamento.

El proyecto de gastos inicial del Ejecutivo es de US$ 12.090 millones, mientras que el aprobado por Diputados llega a los US$ 12.171 millones. El Senado tiene hasta el 29 de noviembre para estudiar y definir una postura sobre el presupuesto, y su presidente, Robert Acevedo, señaló que aún no cuentan con una postura sobre si amerita o no el aumento concretado por sus pares de la Cámara Baja.

En estos momentos, el Ejecutivo se encuentra como espectador, atento a lo que pueda acontecer. Santiago Peña, ministro de Hacienda señaló al respecto que está entre las posibilidades vetar el proyecto de presupuesto General para evitar impactos desmedidos, en el caso que el Senado repita similar postura.

Por su parte, el sector empresarial y económico está viendo con cautela lo que ocurra. El ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira ya anticipó los efectos que podría tener la decisión. Señaló que el asignar más recursos a salarios, hará que se vean afectados los programas sociales y las posibilidades de aumentar montos en inversiones de infraestructura, asistencia y proyectos que contribuyan al combate a la pobreza, entre otros.

Ferreira sostuvo que en medio de un anticipado período electoral, los parlamentarios buscan acciones como un posible aumento atendiendo que son varias las instituciones que piden la reivindicación.

Recordó que en el 2011, en el gobierno de Fernando Lugo, fue la última vez en que se habían incrementado los salarios de forma descontrolada, en un 38%. Unos 800 millones de dólares al año que siguen repercutiendo en la economía por el impacto que generó.