Por Antonio Carmona

Creo que fue Pío XII el que bautizó a las sociedades anónimas "Sin alma", o tal vez lo asocio porque al Papa de la segunda Guerra y postguerra Mundial le gustaba utilizar esa expresión para calificar desde a los pecadores hasta a los movimientos políticos que consideraban que la religión no tenía nada que ver con la administración civil de un Estado.

El caso es que el calificativo quedó de alguna manera asociado a las empresas cuyos responsables se esconden detrás de un puñado de acciones al portador, es decir, de cualquiera; en fin, son financistas anónimos y, por lo tanto tienen una total libertad para operar financieramente, sin figurar como responsables.

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Es "el sueño del pibe"; es decir, era. La mayoría de los países del mundo, desde aquellos tiempos remotos de Pío XII hasta aquí, han abolido semejante privilegio, al estilo del agente 007, con licencia, en este caso, para robar, que, en el fondo, es también una licencia para matar, considerando los negociados que pueden manejarse con tal "ley de impunidad".

Más que sin alma, como le gustaba decir a Roncale, son sociedades sin cuerpo, es decir sin cuerpo del delito, tal como estamos corroborando en estos días, con un agujero de 1.200 millones de dólares y ningún propietario; es decir, existe el lavado, existen los dólares viajeros, pero no existen los propietarios, no existen culpables; porque los evasores son anónimos, impolutos, ininputables.

Por esta sencilla razón, la argucia de SA se fue descalificando y aboliendo en casi la mayoría de los países del mundo, a medida que los tiempos en que el lavado de dinero fácil, de robos, tráficos de drogas o de personas, en fin, negocios ilegales cuyas huellas se perdían en el anonimato, se iban convirtiendo en grandes emporios y grandes peligros para la institucionalidad política, social y económica de las naciones democráticas.

El fin de las SA no es nuevo; al contrario, según las informaciones sólo quedan tres países en el mundo, Paraguay entre ellos, que mantienen el anonimato del dinero que tiene licencia para circular sin el nombre de los propietarios, lo que nos expone a que nuestro sistema bancario quede fuera de la legalidad internacional, por ser refugio de anacrónicos negociados.

Es notable que no nos hayamos dado cuenta hasta ahora que explotó la cuestión, a pesar de que hace tiempo que se habla de abolir esta disparatada benevolencia que mantiene legalmente vigente un sistema anacrónico y propicio para las operaciones ilegales.

Hizo falta el descubierto tráfico de los mil doscientos millones de marras para que nos diéramos cuenta y ponernos en marcha para actualizar la legalización, es decir, la ilegalización de las sociedades sin alma y sin cuerpo, es decir, sin delincuentes, por más que invirtieran y lucraran con la delincuencia.

Y es más extraño aún que, alegremente, el tema de la abolición del permiso para delinquir haya sido postergado en el Congreso, cuando la abolición está consensuada mundial y nacionalmente, y sólo depende de una decisión elemental e irrefutable. Bastaban un par de horas de sesión más para ponerle punto final.

Estamos a tiempo para evitar sanciones que puedan afectar a la marcha económica del país, pero, sobre todo, que puedan seguir amparando impunidad y manejos financieros peligrosos. Y estamos a tiempo para dejar en claro que Paraguay no quiere mantener la tradición, la bien ganada mala fama, de país en el que hay impunidad para los que manejan dinero sucio.

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