Por Benjamín Livieres
Periodista
A fines de la semana pasada un audio recorrió las redes sociales levantando gran polvareda. Y no es para menos. En él se escucha al abogado Celso Espínola, de Ciudad del Este, quien dice hablar en representación de un equipo o "grupo grande" encabezado por el periodista Héctor Guerín Gómez, ex corresponsal de ABC Color en dicha región y propietario de una emisora de Presidente Franco, conformado para "arreglar" un caso antes de que la denuncia sea presentada o, en su defecto, retirarla si ésta ya fue radicada en el Ministerio Público.
Su interlocutora es una empresaria de la zona, Liz Martínez, propietaria de la firma Mar & Mar Group SA, a quien el abogado en cuestión comienza diciéndole que como ella sabrá, trabaja "hace años con Héctor". Y añade "él –por el periodista– me dijo llamale un poco a este tipo, a Diógenes (marido de la comerciante), a ver si podemos atajar, de ver, de ayudar, de ayudarnos de alguna manera… Después ya me dijo, pará, no vayas a levantar la perdiz.
Vamos a actuar nomás ya", lo que se tradujo tiempo después en la presentación de una denuncia formal contra Martínez, presentada por Guerín, bajo patrocinio de Espínola, por los presuntos hechos de contrabando, declaración jurada falsa, producción de documentos no auténticos y cohecho pasivo, a lo que luego agregaron, lavado de dinero.
Resulta innecesario ser un gran jurista, o investigador, para concluir algo que salta a la vista: como la pareja no se prestó a lo que solo puede calificarse de una grosera extorsión, primero desataron una intensa campaña mediática, destinándole horas de programación a denostar contra los Martínez, así como decenas de tapas de un diario local (TN Press) de reducida circulación, del cual Guerín es columnista, y uno de sus empleados de la radio, Nelson Esquivel, jefe de redacción. Pero como eso tampoco causó el efecto esperado, es decir, que se avinieran a "negociar", optaron por radicar la denuncia ante la Fiscalía de CDE a comienzos de este mes y, pocos días después, hicieron lo propio ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, en Asunción.
¿Qué es eso de integrar un "grupo grande" con abogados y otros para "atajar" denuncias o "retirarlas" si éstas ya fueron presentadas? ¿No hace del mismo una asociación ilícita… para delinquir?
Pero no solo los empresarios fueron amenazados y luego sepultados bajo una montaña de acusaciones. Ahora también lo es la fiscala encargada del caso, Liz Carolina Alfonso, por no haber imputado de inmediato a los Martínez. Es más, en el mismo texto que los denunciantes presentaron en la capital, dicen que "pese a la solicitud de diligencias, urgimientos y advertencias serias de enjuiciamiento… hizo la vista gorda", etcétera, etcétera. O sea, no la amenazan con acusarla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sino directamente con enjuiciarla, lo cual no hace al normal proceder de los profesionales del derecho.
Hasta aquí, los hechos, respecto de los cuales el lector podrá sacar sus propias conclusiones, pero junto con ellos, existen consideraciones que no pueden omitirse, como por ejemplo, ¿desde cuándo el periodista va corriendo a la Fiscalía a oficializar una denuncia de este tipo? Esa no es función de los comunicadores, quienes formulamos nuestras denuncias a través de los medios en los que trabajamos, dejando en manos de la Fiscalía decidir si son o no objeto de investigación. A lo sumo podríamos poner a conocimiento del fiscal de turno los documentos que obran en nuestro poder. Punto. ¿Pero por qué el interés de obrar formalmente como denunciante y, eventualmente, ser parte de un juicio?
Pero esto que de por sí huele muy mal, por constituir una práctica absolutamente inusual en el gremio de periodistas, se une a otro hecho aún más grave. ¿Qué es eso de integrar un "grupo grande" con abogados y otros, para "atajar" denuncias o "retirarlas" si éstas ya fueron presentadas? ¿No hace del mismo una asociación ilícita… para delinquir?
El caso que involucra al periodista Guerín y a su abogado Espínola amerita sin duda una investigación seria y profunda por parte del Ministerio Público, en tanto que al periodismo nacional le plantea una tarea impostergable: Purgarse con urgencia de quienes cometen delitos comunes por medio de la prensa, para deshonra y descrédito de la profesión.