El Tribunal de sentencia de Salto del Guairá anuló ayer el juicio entablado contra Raquel Villalba, una de las condenadas en el caso conocido como Masacre de Curuguaty, enfrentamiento de sintierras y policías ocurrido el 15 de junio del 2012 y donde fallecieron 17 personas: 11 campesinos y 6 agentes.
El argumento principal es que la mujer, que actualmente tiene 19 años, en el momento del hecho era menor de edad, sin embargo, en su proceso no se contemplaron garantías establecidas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto quedó evidenciado por cuanto en el expediente no figura el estudio socioambiental ni la evaluación psicológica, que son diligencias obligatorias.
Villalba fue acusada por los supuestos delitos de invasión de inmueble ajeno en calidad de autora, asociación criminal en calidad de autora y tentativa de homicidio en calidad de cómplice. La alta instancia judicial fue presidida por el magistrado Bonifacio Rojas e integrada por los jueces Víctor Godoy y Sofía Giménez. La sentencia final se daría a conocer el 24 próximo, según los defensores.
El juicio oral y público inició el 8 de este mes en la capital del departamento de Canindeyú, pero fue pospuesta para este jueves, tras los incidentes planteados por la defensa.
La abogada Sonia Von Leppel de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), defensora de la acusada (con asistencia del abogado Diego Terrazas), desde un primer momento cuestionó a la entonces jueza de la Niñez y la Adolescencia, Yanine Ríos, quien no tuvo en cuenta los dos pasos fundamentales cuando los procesados son menores de edad.
Las investigaciones iniciales fueron realizadas por el fiscal Jalil Rachid, quien luego asumió el cargo de viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Actualmente están encargados del caso los fiscales Leonardi Guerrero, Liliana Alcaraz y Lorenzo Lezcano.
Como resultado final de las muertes ocurridas en Curuguaty, fueron condenados 11 campesinos, de los cuales tres son mujeres. Los representes de los labriegos criticaron la decisión judicial indicando que carece de validez, porque, a juicio de los mismos, muchas de las pruebas son inconsistentes.