Por Mario Aníbal Romero Lévera
Socio ADEC
Concebir la innovación desde las políticas públicas enfocadas a la provisión de servicios básicos es un punto de vista que dirige las obligaciones elementales del Estado para asegurar las titularidades de las personas e incrementar sus libertades desde la óptica del desarrollo humano.
El tema amerita mayor atención pública y privada dada su gran importancia para el desarrollo del Paraguay dentro del contexto de globalización económica y de desarrollo de la sociedad del conocimiento. Innovar la acción del Estado es clave para responder a un entorno nacional y mundial cambiante, donde convergen viejos y nuevos desafíos de desarrollo.
Por ejemplo, en la actualidad temas como seguridad, empleo, salud y pobreza precisan ser analizados tomando en consideración el efecto de fenómenos mundiales como la crisis financiera internacional, el cambio climático, el problema del agua y los flujos migratorios.
Todo esto obliga que los funcionamientos y desempeños del Estado se adapten "creativamente" para hacer frente a estos nuevos desafíos. Sin embargo, las políticas de innovación tradicionales no suelen tomar en cuenta al Estado como agente de innovación, sino que más bien le otorgan un papel promotor a través de políticas explícitas de fomento de innovaciones, cuyos beneficiarios suelen estar fuera de la administración pública, ya sean éstos empresas, centros de investigación, institutos de educación superior u organizaciones no gubernamentales (ONG). Aún cuando el papel promotor del Estado relacionado a las políticas de innovación debe potenciarse de manera sostenida, esta entrada tiene implícito el sesgo de considerar la innovación como un proceso que ocurre fuera del Estado.
Es por esto que urge empezar a concebir la innovación desde dentro del Estado, evolucionando hacia una administración pública que permita aprender más de sí misma y de casos provenientes de la sociedad civil y del sector privado. Esto permitiría la continuidad y adaptación de buenas prácticas y casos exitosos de gestión, así como la asimilación de lecciones aprendidas derivadas de intervenciones fallidas.
Este punto de vista llama la atención sobre una dimensión muchas veces olvidada: el valor del conocimiento acumulado en las instituciones estatales, que tiene un enorme potencial para alimentar la innovación de las políticas públicas si es debidamente documentado, sistematizado y difundido.
Una de las razones por las que no se otorga alta prioridad a la innovación en el sector público es que ésta es concebida como una labor opcional o una carga adicional en las tareas de los funcionarios, y no como una actividad estratégica para la planificación de políticas.
La bibliografía especializada en estos temas documenta algunas de las razones que explicarían esta situación: excesiva burocracia, inercia y aversión al cambio y al riesgo que éste conlleva, falta de incentivos a la creatividad y a la innovación, cultura de gestión jerárquica, ausencia de recursos humanos calificados y presiones políticas.
Asimismo, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, la innovación no suele influir en la supervivencia de las instituciones públicas1. Sin embargo, el sector público siempre ha sido fuente de innovaciones, tanto en el ámbito nacional como en el local. Es preciso comprender que las innovaciones en el sector público responden a bajos incentivos e implican tomar altos riesgos.