La Corte Suprema de Justicia ha decidido garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de justicia, ante una amenaza de huelga por parte de los funcionarios.

El anuncio de no pago a los funcionarios que no se presenten a cumplir sus funciones obligó a los gremios a rever su posición. La presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, dijo que no obstante se dispondrán medidas de monitoreo para corroborar la asistencia y cumplimiento de las labores de los empleados del Poder Judicial.

De acuerdo a lo que sostiene la Pta de la Corte, se realizarán controles constantes en las diferentes dependencias y Circunscripciones judiciales a fin de corroborar la asistencia de los funcionarios y el buen cumplimiento de sus labores.

Pucheta recordó que el pasado viernes 4 de noviembre la máxima instancia judicial resolvió aprobar medidas tendientes para que los servicios proveídos por la institución no se vieran resentidos en caso de una inminente huelga. En la misma resolución se previó el cumplimiento del Código Laboral, que en su artículo 373 dispone el descuento por los días no trabajados durante la medida de fuerza.

Dentro del contexto de la justicia enfocada en su compromiso con la gente, destacó que durante el presente año la Corte Suprema de Justicia ha fortalecido los medios del acceso a la justicia, especialmente con el uso de la tecnología.

Se esta implementando el expediente judicial electrónico y el trámite judicial electrónico que permitirán a los abogados y ciudadanos parte de un proceso dar un seguimiento seguro y cómodo a su expediente.

Anunció que serán implementados también los informes electrónicos como un servicio de cara a la ciudadanía. Mencionó la aplicación web y móvil Guía Legal, de acceso a la información sobre el Poder Judicial, entre otros, herramientas fundamentales que permiten transparentar y agilizar los procesos judiciales.

Todo esto englobado dentro de la misión principal de la institución que es la de administrar justicia. Sostuvo Que se prevén diversas acciones a ser implementadas en el área jurisdiccional durante el año 2017 sin escatimar esfuerzos para la prosecución del fortalecimiento judicial.

En términos presupuestarios se ha hecho un pedido de re programación para garantizar los servicios básicos, aclarando que no ha sido un pedido de una ampliación presupuestaria.