El espinoso asunto del empleo informal afecta a una gran mayoría de los trabajadores del país. Con frecuencia se menciona que en estos empleos los trabajadores son explotados, sin la cobertura de prestaciones y muy frecuentemente recibiendo una paga insuficiente.

Esta informalidad también tiene adversos efectos sobre la economía formal. El sector que opera de modo irregular no abona por los tributos y ofrece sus servicios a un costo inferior al que brindan las empresas que sí pagan impuestos, propiciando así una competencia desleal y provocando principalmente una sangría de recursos que a veces es incontenible.

Pero no solo afecta a la capacidad del Estado de generar recursos para hacer frente a sus responsabilidades, sino que también posee efectos sobre un área sensible entre los trabajadores formales: el seguro social.

La evasión del seguro social es enorme en nuestro país con porcentajes altísimos. En el Instituto de Previsión Social (IPS) más de 60 mil empresas están inscritas legalmente, una cifra que es notoriamente inferior a las más de 350 mil que están registradas en la Secretaría de Estado de Tributación. Según los datos, la evasión en el pago de seguro social es de aproximadamente unos 200 millones de dólares, una cifra demasiado importante para el IPS, que necesita de recursos, que precisa dar asistencia a sus asegurados.

Desde hace años, la previsional arrastra una administración con un enorme déficit. Este déficit se traduce en dificultades a la hora de otorgar con prestancia y eficiencia todos los servicios a los prestatarios; los mismos se ven privados de medicamentos para el tratamiento de algunas enfermedades, carecen de una cama en los centros hospitalarios o simplemente tienen una cobertura sanitaria limitada.

A partir del próximo año aquellas empresas contratadas por el Estado paraguayo solo podrán cobrar por los servicios prestados de limpieza, seguridad y obras, toda vez que sus empleados estén inscriptos como aportantes del IPS.

Es por estos antecedentes que la decisión tomada por el Poder Ejecutivo en los últimos días en favor de la formalización es destacable. Un gesto que habla a las claras de ello fue el Decreto Nº 6.121, que establece que a partir del próximo año aquellas empresas contratadas por el Estado paraguayo solo podrán cobrar por los servicios prestados de limpieza, seguridad y obras, toda vez que sus empleados estén inscriptos como aportantes del IPS.

Para esta tarea, el Ejecutivo dispone que es el Ministerio de Hacienda el que deberá ejecutar esta inspección, antes de proceder a cada pago de obligación contractual, luego de verificar que cada contratista y sus subcontratistas se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS.

La promulgación de este decreto contribuye aquello que desde hace meses viene trabajando el actual titular de la previsional, Benigno López, que insiste que cuanto más empresas abonen el seguro social, el IPS estará en condiciones de revertir los números de la mala cobertura sanitaria.

Para encarar este objetivo, la previsional trabaja junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo desde hace varios meses, para analizar las perspectivas de cada una de las instituciones y cómo lograr que las campañas a favor de la formalización tengan los resultados esperados. También el sector empresarial, a través de distintos gremios, están de acuerdo que el porcentaje de evasión sigue siendo altísimo, pese a las campañas realizadas hasta ahora.

La decisión tomada por el Gobierno busca regular sobre un importante sector que recibe y canaliza los recursos del Estado, como lo son las empresas contratadas por él. Millones y millones de dólares destina cada año el Estado a diferentes contratistas para llevar adelante sus metas en obras, en educación o en infraestructura; es tiempo también que esta interrelación pueda otorgar beneficios adicionales al que paga, con más recursos para el seguro social.