El flamante ministro del Interior ha mostrado buena percepción para el cargo, anunciando su prioridad incluso antes de asumir oficialmente al ministerio: hacer un relevamiento de los asaltos de motochorros por zonas de inseguridad, consciente de que el tema de la inseguridad urbana ha pasado a ser la preocupación principal de la ciudadanía, desplazando incluso al EPP, espantada, con buenas razones, por la cantidad de asaltos, robos agravados y asesinatos que se cometen diariamente.

Sin duda, habrá visto los casos crecientes y preocupantes de vecinos que se han visto impulsados, a falta de seguridad, a tomar la justicia por mano propia, devolviendo la violencia de los criminales con violencia civil, organizada incluso ya en numerosos barrios, con el testimonio de las cámaras de televisión trasmitiendo en directo cómo golpean a los delincuentes.

No es culpa de los vecinos, sino de la permisividad que nos ha llevado a este nivel de inseguridad, en el que se puede matar por un celular, haciendo reaccionar el instinto de conservación, con el peligro de que a los justicieros se les vaya la mano y terminen enjuiciados.

Si el ministro hace un buen relevamiento, puede descubrir algunos temas que los medios registran diariamente; que una gran parte de los detenidos tienen antecedentes criminales por el mismo tipo de delito, es decir, que son reincidentes, algunos hasta con una ristra de antecedentes, es decir, que han sido detenidos y han sido liberados, una y cuantas veces sean encarcelados; que muchos de los detenidos actúan sin preocupación a cara descubierta; cada vez son menos los que toman la precaución de taparse la cara, probablemente por esa permisividad que ostentan para salir libres en cualquier momento y por la ostentación que hacen incluso a través de las redes de sus fechorías y de sus arsenales; casi como si fueran profesionales que hacen su trabajo de robar y comercializar lo robado y jactarse de ello.

Lo grave es que su comportamiento no es descabellado, sino que responde a la realidad. Esos mismos aparecerán capturados de nuevo, sumando antecedentes tras haber logrado una vez más su libertad ambulatoria y criminalística, gracias a las "medidas alternativas a la prisión". Y ahí está la clave de que los delincuentes actúen con aires de impunidad, porque realmente son impunes. Se les da prisión domiciliaria sin que haya suficientes policías para controlar que están en su casa.

Pero la culpa no es, como se ha dicho más de una vez, de las medidas alternativas ni del Código que las garantiza, sino de su aplicación; en forma de generoso vito para quienes las necesiten, sin contemplar el riesgo de los demás.

Es decir, que el problema no es meramente policial, sino que alcanza a todo el aparato judicial, que es el que permite que puedan al poco tiempo de ser detenidos estar deambulando en sus motos con sus armas y sus víctimas al alcance.

Pero no solo hay jueces y fiscales complacientes, también hay "mercado" para las mercancías robadas, ya que el objetivo de robar celulares se complementa con la facilidad de convertirlos en dinero, es decir, que hay comerciantes que compran el producto de los motochorros y, a su vez, clientes a los que pueden revenderlos a mejor precio.

El nuevo ministro podrá informarse que ayer mismo, mientras él se dirigía a asumir el cargo oficialmente, concejales asuncenos llegaban hasta el Mercado 4 en busca de puestos en los que se comercializan celulares robados, comprados a los motochorros.

La información indica que los vendedores del mercado, ofendidos, han hecho una protesta para impedir que se haga el control. Los concejales habían convocado incluso a autoridades de seguridad y hasta de Tributación para que los acompañaran. Como en tantos otros casos, con los productos falsificados, los controles no han podido realizarse con normalidad y eficiencia.

Es decir, tenemos un panorama de un negocio informal formalizado por la costumbre y la falta de respeto a las leyes, a cumplirlas y a hacerlas cumplir.

Entre tantos productos de contrabando que se ofertan en calles y plazas, sin registro formal ni tributario, se puede vender cualquier cosa y, desde luego, productos robados que los intermediarios pueden comprar muy baratos a los motochorros y vender más caros a los compradores desprevenidos o avivados, que de todos hay.

Un informe que publicaron en estos días los medios habla de que en la mismísima Asunción, un altísimo porcentaje de los comercios "habilitados" no posee patente, lo que significa que no deberían estar en funcionamiento.

El "negocio" de los motochorros es equivalente al antiguo tráfico de los autos mau, que eran blanqueados, sin importar su procedencia, ya fueran contrabandeados o robados.

Es decir, que no solo se trata de luchar contra los motochorros, que tienen el gatillo fácil, sino que hay que hacer que la Justicia actúe contra los jueces que tienen la lapicera fácil para liberarlos, y, muy especialmente, contra el mercado de productos mau, uno de nuestros peores males, porque al final de la cadena está el negocio de la reventa de los celulares robados, en base a los escrúpulos fáciles para ganar dinero fácil.