El juez Penal de Garantías, Juan Oviedo, liberó a Carmelo Torres, investigado por la Fiscalía en el marco del asesinato del joven tractorista que recibió un disparo en la cabeza mientras trabajaba en la finca de sus padres, en la colonia de Santa Lucía, Itakyry, Alto Paraná. El asesinato se ejecutó el domingo pasado.

La acción resulta aún más llamativa en cuanto que antes de dejarlo en libertad, el magistrado no ordenó siquiera someter al sospechoso a las pruebas de nitritos y nitratos (parafina), que pudieran arrojar elementos clave para la investigación del crimen. En poder de Torres, los policías encontraron dos armas de fuego: un rifle y una pistola.

El rifle es de la marca Savaje Axis, calibre 223, con mira telescópica, con cargador y mira telescópica; el revólver es de calibre 38, con tres cartuchos y dos vainillas servidas ya percutidas.

Ambas armas estaban en el interior del vehículo de Torres, cuando fue detenido en la vía pública en un lugar denominado Cuatro Bocas, de la Colonia Guahory, por la orden de captura que pesaba sobre el mismo. El vehículo en que se desplazaba el detenido no cuenta con matrícula y tampoco tenía los documentos que lo habiliten a portar las armas que tenía.

El detenido es oriundo de la colonia Banderita, Tembiaporã, zona cercana a la colonia Guahory, donde desde hace varias semanas existe un conflicto por tierras entre campesinos y colonos.

El lunes pasado venció el plazo de paz y no agresión que firmaron los dirigentes campesinos con el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, pero la semana anterior los afectados abandonaron la mesa de negociación instaurada por el Gobierno y ya anunciaron que volverán a invadir las tierras que aseguran les pertenecen.