Así se contempla en el Decreto Nro. 6.180, por el cual se establecen los lineamientos para el financiamiento, a través de un producto crediticio en el que participen la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el sector financiero nacional, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP).
El presidente de la banca de segundo piso, José Maciel, explicó que con esta determinación el producto ya será incluido dentro de la grilla de la AFD.
Al tiempo de asegurar que cuentan con G. 500.000 millones para responder a las solicitudes de préstamos, mencionó que el lanzamiento oficial se dará en un par de semanas.
Maciel recordó que el financiamiento del programa piloto finalizó en julio de este año con la canalización de recursos por G. 129.377 millones para un total de 773 operaciones entre compras de viviendas y refacciones.
ALCANCES
En el considerando del decreto se expresa que sigue siendo fundamental para el desarrollo de la economía nacional la generación permanente y sostenida de nuevas fuentes de empleo para la mano de obra desocupada, lo que será posible con este tipo de programas, considerando que la construcción es un rubro que ocupa un porcentaje importante de mano de obra no calificada, pero que a su vez dinamiza la economía por su impacto indirecto en la industria y el comercio a fines a ella.
Remarca que como ocurría durante la ejecución del programa piloto, el Estado necesita de la estrecha colaboración del sector privado, tanto en el ámbito de la construcción, como en el de la intermediación financiera para satisfacer las demandas del sector vivienda.
Y en el mismo sentido se remarca que para lograr el mencionado acompañamiento, el Gobierno debe ofrecer al sector privado las condiciones necesarias para que éste desarrolle su creatividad y dé inicio a propuestas orientadas a la generación sinérgica de empleos en la industria de la construcción y la dotación de un mecanismo accesible para el financiamiento de viviendas para sectores de familias cuyos ingresos en conjunto orillan entre 1 y 7 salarios mínimos legales por mes que, aun siendo sujetos de crédito, poseen dificultades para acceder a planes de financiamiento de mediano y largo plazo.