• Por Toni Carmona
• Periodista

La reelección es una opción democrática consagrada en prácticamente todas las naciones democráticas, ya sean de carácter presidencialista o parlamentarista, para dar continuidad a una gestión eficiente o castigar una opción ineficiente; la decisión final está en el voto ciudadano que debe dictaminar el veredicto; es decir, que haya posibilidad de reelección no garantiza la reelección y el continuismo. Eso lo decidirá el supremo elector, el pueblo, como manda la Constitución.

Es también habitual que esté legalmente regulada y tenga límites que impidan el continuismo hasta eternizar a un mandamás. La actual Constitución previó también la coyuntura que bloqueó al presidente Rodríguez a aspirar a ser reelecto. Ante esta eventualidad coyuntural, prevista por la Convención Constituyente, estuvimos cerca del golpe, pero se terminó respetando la Constitución y el derrocador de la dictadura acató la Carta Magna y aceptó que no podía candidatarse ni candidatar a un pariente, para evitar la última consigna de la dictadura: "después de Stroessner otro Stroessner"; así que se logró el objetivo, después de Rodríguez no habría otro Rodríguez, como se promovía en ciertos sectores del coloradismo retardatario y de los militares estronistas que habían derrocado al estronismo.

A partir de ese momento, todos los presidentes electos tantearon la posibilidad de reelección, y desde entonces cada mandato termina en la polémica, porque no se plantea un debate serio sobre la reforma necesaria para crear la posibilidad de que el presidente saliente o algún otro ex presidente pueda volver a candidatarse, lo que no significa que automáticamente sea reelecto. El orden constitucional democrático plantea claramente que es el voto popular el que va a nombrar nuevo presidente, no la candidatura de uno u otro candidato.

El problema está en que no se plantea la factibilidad de procedimiento para la reelección sobre la base de un análisis de juristas para analizar los términos de la reforma, sino en base a juicios, generalmente con poco juicio y más interés político, con poco argumento y más electoralismo declamativo y hurrero, a la vieja usanza, que debate sobre bases jurídicas constitucionales.

El debate político se diluye así en el río revuelto de los ataques y las descalificaciones, convirtiéndose cada orador en juez supremo y parte interesada para defender su posición descalificando a las otras. Hasta los propios analistas y periodistas, que deberíamos mantener cierta distancia prudencial, terminan descalificando, con calificativos denigrantes, léase insultos, a los que piensan diferente.

La cuestión es atizar las cenizas del continuismo dictatorial en la memoria para anular a candidatos posibles, cuya gestión va a ser analizada por los votantes, que hoy no se dejan engañar ni arrear, como se ha demostrado ante todos los intentos de restablecer comportamientos dictatoriales.

Durante estas décadas democráticas no hemos sido capaces de superar el temor al pasado, y asumir que hoy estamos en una democracia estable que debe desenvolverse por las vías establecidas por la Constitución y las leyes. Hay dos vías posibles que la constitución plantea para hacer cambios: la Constituyente y la enmienda constitucional.

• Seamos serios… nadie puede convertirse en juez supremo siendo parte interesada. Es tan ridículo como dejar que los futbolistas diriman los pleitos en la cancha dejando de lado a los árbitros.

Hay constitucionalistas respetables que apoyan una u otra opción, incluso ambas.

Dentro de la democracia eso tiene también sus procedimientos, sin convertir, como viene sucediendo con sucesivos gobiernos, la polémica en demonización, con el objetivo de descartar a posibles contendientes en la próxima elección. Se llega incluso a la grotesca descalificación de la candidatura de un presidente y la justificación de otro, por el mero hecho de que es el candidato propio. Es decir, mi ex presidente puede candidatarse pero el del otro sector no puede, en base a razones que parecen más de diálogo de imbéciles que de argumentos jurídicos.

Y se acentúa el grotesco del debate cuando los contendientes se declaran jueces supremos, dueños de la verdad constitucional, para declarar inconstitucionalidades. Ese recurso final está establecido constitucionalmente y corresponde a la Corte Suprema. No hay mayor y peor golpismo que el de adjudicarse poderes que corresponden a un poder del Estado claramente establecido en la Constitución. Es decir, que cualquier buey corneta viola la Constitución atribuyéndose el poder de repartir inconstitucionalidades de acuerdo a los propios intereses, atropellando los canales constitucionales.

La contraposición entre la Constituyente y la enmienda es un problema jurídico constitucional, que, pasando por las dos cámaras del Congreso, en última instancia tiene que definirse en la Corte Suprema.

Hay constitucionalistas respetables de un lado y de otro lado; lamentablemente, como suele suceder en nuestra política, hay sabihondos –no hay quien se proclame más sabio que el ignorante o el manipulador– que tienen la verdad absoluta y se convierten en jueces implacables de los que razonan de otra forma.

Seamos serios… nadie puede convertirse en juez supremo siendo parte interesada. Es tan ridículo como dejar que los futbolistas diriman los pleitos en la cancha dejando de lado a los árbitros.