Por Alex Noguera

Periodista

El tiempo y la paciencia son dos amigos que nunca se llevan muy bien. Y es que en las personas, cuanto más avanza el primero, la segunda tiende a marchar en retirada.

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Tal vez es por eso que los viejos aparentan ser cascarrabias a la hora de las explicaciones y la sabiduría que poseen la entregan como serpentina de alambique de destilación clandestina, en lentas y valiosas gotas.

La escasez de amabilidad, tan característica en este siglo, hace que intentar obtener información de cualquiera y no solo de los de mayor edad sea una tarea complicada, pues muchas veces las respuestas recibidas son escuetas e insuficientes, así que la mejor opción es recurrir a la buena predisposición y rapidez de Google, aunque a veces tenga también grandes lagunas de ignorancia.

Por suerte, una de ellas, la que se refiere a las informaciones en el Poder Judicial, hace apenas dos días comenzó a achicar aguas. Es decir, desde el jueves, con la presentación de la Guía Legal, el ciudadano cuenta con una muy interesante aplicación para web y teléfonos inteligentes con la que puede recibir datos sobre trámites, ubicación de sedes judiciales, además tener al alcance servicios básicos como antecedentes, legalizaciones y denuncias.

Los que ven el vaso medio lleno se muestran felices porque consideran esta app como un avance más hacia la transparencia de un Poder del Estado que desde hace décadas está en deuda en este aspecto; sin embargo para los que ven el vaso medio vacío... bueno, esos viven cuestionándolo todo.

Para ellos, por ejemplo, la condena que se publicó en los diarios ese mismo día jueves -o sea anteayer- es una aberración, una exageración. Se refieren a los 11 años de cárcel que fueron impuestos a un hombre por robar un celular.

Según la crónica, Alfonso Torres subió a un taxi el 19 de diciembre del año 2014 y luego de pasar por Acahay y Sapucai, amenazó al chofer y lo despojó de su celular y de la recaudación del día. La anecdótica y pesada condena -justa o no- fue dictada luego de 23 meses de producirse el ilícito, es decir en menos de 2 años. En apenas un año y 11 meses.

Este hombre de leyes ni siquiera pisará la cárcel, contrariamente al "peligroso" ladrón del taxista que tal vez ni siquiera acabó la secundaria.

Esta rigurosa sentencia es todo lo contrario a la emanada del mismo Poder Judicial y publicada ayer, o sea nada más al día siguiente de la primera, en la que sin embargo se lee que un ex fiscal, es decir, un ex representante del Ministerio Público, una persona supuestamente honorable, con estudios terciarios y en la que la sociedad depositó su confianza para defenderla a ella y por tanto en favor del sistema judicial, fue condenada a solo 2 años y no 11 como en el caso de Torres.

Y como cereza de la torta, este hombre de leyes ni siquiera pisará la cárcel, contrariamente al "peligroso" ladrón del taxista que tal vez ni siquiera acabó la secundaria. Este robó un celular y el bolsillo del chofer; el ex fiscal pidió 10.000 dólares, casi G. 60 millones. ¡Cuántos celulares se podrían comprar con ese dinero!

El Tribunal de Sentencia no fue tan expedito como en el caso anterior. El 9 de agosto del año 2011 se intervino el despacho del ex fiscal. Transcurrieron 63 meses. Son 5 años y 3 meses para llegar a un veredicto irrisorio.

Tal vez deberían crear otra app, una con mayor tecnología, capaz no solo de indicar dónde quedan las distintas sedes, sino de explicar a los ciudadanos este tipo de determinaciones. No se puede entender por qué los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados de la investigación del caso, solicitaron solo una pena de 2 años y 10 meses de prisión.

Tampoco se comprende cómo después demostrar con certeza la existencia del hecho punible y la responsabilidad del ex fiscal, apenas reciba 2 años de condena -menos de la solicitada- y sin ir a prisión. Encima, con el agravante de presentar chicanerías, de haberse mantenido prófugo por varios meses, incluso de haber sido declarado en rebeldía.

El tiempo y la paciencia son dos amigos que nunca se llevan muy bien y las explicaciones de los entendidos, más en este caso, nunca son suficientes o creíbles. Tienen olor a mentiras o a intereses clandestinos.

¿Qué app podríamos utilizar para creer en el Poder Judicial si un ex fiscal con estos antecedentes pronto estará de nuevo en el sistema como si nada hubiera pasado?

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