La responsabilidad de la seguridad ciudadana está dividida en dos ejes: los organismos de prevención y detención y las instancias que deben encargarse de hacer justicia. La ola de inseguridad reflejada en los medios de comunicación pone de nuevo en debate las acciones emprendidas por los entes encargados en velar esa seguridad.

Por el complejo sistema social que tiene el país, igualmente, es necesaria la vinculación de otros entes, como el Ministerio de Salud, el de Trabajo, de la Juventud y, desde luego, de la misma sociedad, para que, de manera conjunta, se trabaje en torno a la recuperación social de los que ingresan al mundo delincuencial.

El drama generado por los llamados motoasaltantes está instalado por una situación real. La mayoría de ellos, al menos eso se nota en las estadísticas, son jóvenes o menores de edad. De acuerdo con la información que tienen los organismos policiales, los actos delictivos, cada vez con más violencia, los cometen en gran parte para la compra de estupefacientes, lo que denota otro tipo de problema.

Si bien se sabe que existen falencias en las instituciones de seguridad no es menos cierto que otra gran dificultad para frenar este tipo de actos, probablemente la más grave, se da en la Justicia. Poniendo en términos sencillos, se puede ejemplificar con un hecho lamentable, que se repite en cada detención de algún sospechoso o implicado en un asalto. Los órganos encargados de brindar seguridad jurídica liberan a los aprehendidos por la Policía, con argumentación o sin ella.

Las estadísticas son preocupantes. En nueve meses, la Policía Nacional recibió un total de 746 denuncias de robos protagonizados por motociclistas a nivel país, lo que da un promedio de 2,7 por día. En apenas un mes, se detuvo a 126 motoasaltantes, todos ellos con antecedentes. Del total de aprehendidos, 19 recuperaron su libertad a las poca horas.

El Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior, elaboró un informe con cifras trimestrales a partir de los datos sobre denuncias por robo protagonizados por motociclistas en los últimos años. En ese sentido, el estudio muestra que desde el 2012 hasta setiembre de este año se registró en todo el país un total de 4.339 denuncias por robo a mano de motoasaltantes.

Esto da, en promedio 2,4 denuncias por día. Sin embargo, de enero a setiembre de este año (que abarca tres trimestres), el promedio de las denuncias tuvo un aumento importante, llegando a 2,7 denuncias (es decir, casi tres denuncias por día) con los 746 casos denunciados en lo que va del mencionado período.

Varios de los detenidos fueron plenamente identificados por sus víctimas y otros a través de cámaras de sistemas de seguridad. Todos ellos igualmente contaban con antecedentes policiales por diferentes tipos de delitos. De esta cantidad, hasta el viernes de tarde, 19 aprehendidos volvieron a las calles, gracias a medidas sustitutivas o simplemente porque no se presentaron querellas por parte de sus víctimas.

Es decir, el drama de inseguridad no puede ser medida solo desde un ángulo y más que lanzallamas que reciben los organismos de seguridad, el foco debería estar en el interés de trabajar de manera conjunta para solucionar el problema.

Más allá de las críticas, pedido de destituciones o discursos políticos, es necesario que los organismos de seguridad y los entes encargados de impartir justicia encuentren el camino adecuado para que, juntos, combatan a la delincuencia. A ese tren de tarea conjunta se deben subir las demás instituciones directamente involucradas. La ciudadanía debe cumplir un rol sumamente importante en ese contexto, especialmente en la denuncia y el control en el funcionamiento de todas las instituciones.

Si se quiere vencer a la delincuencia, si se desea frenar la ola de ataques de los llamados motoasaltantes es imperioso que antes que lanzar bombas incendiarias se planten acuerdos, consensos, ayuda mutua, para que verdaderamente los delincuentes sientan el peso de la Justicia.

Hace unos días, el propio fiscal general del Estado planteaba la necesidad de un trabajo conjunto entre los poderes del Estado. Es tiempo de mirar desde una óptica menos politizada las acciones que cada uno de los sectores deben asumir en esta lucha. De lo contrario, tendremos una batalla perdida.