Auditores del Ministerio Público relevarán datos sobre el estado de las evidencias incautadas y presentadas en juicios en el Chaco.Paralelamente, en Luque se imputó a tres personas por el hurto agravado de aparatos celulares del depósito de la sede fiscal local.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ordenó iniciar una investigación sobre el estado de las evidencias incautadas y ofrecidas como pruebas en juicios en la jurisdicción del Chaco, tras la publicación de La Nación sobre "rapiña" de vehículos en la sede fiscal de Filadelfia. La pesquisa se llevará a cabo por la Inspectoría General del Ministerio Público.
La citada dependencia es la responsable de la investigación de las actividades de los fiscales y funcionarios; cuando corresponde, acusa ante el tribunal de disciplina o denuncia los hechos irregulares ante el fiscal general del Estado, previniendo así el mal desempeño y la corrupción dentro de la institución.
La Inspectoría deberá designar a los funcionarios que tendrán a su cargo los trabajos de auditoría, que consistirán en trasladarse hasta la ciudad de Filadelfia para corroborar el estado actual de las pruebas depositadas en la sede fiscal de Filadelfia, así como de los rodados que fueron presentados como evidencias en los juicios caratulados "Wademar Viera sobre posesión y tráfico de droga; "Nelson Pereira y Cristian Vera sobre tráfico de droga"; "Jorgelino Rojas sobre posesión y tráfico de droga", realizados en los últimos meses y cuyo estado "calamitoso" fue dado a conocer por La Nación.
El predio que actualmente utiliza el Ministerio Público para depositar las evidencias de los procesos penales está ubicado sobre la calle Boquerón caso Harbinerg Strasse del barrio Colonia de Filadelfia. Es importante aclarar que tanto la sede fiscal, como el terreno donde se deposita la evidencia, no son propiedad de la Fiscalía.
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Tres imputados por hurto de evidencias
La agente fiscal de Luque, Francisca Gómez, imputó por hurto agravado y solicitó al juez de turno la prisión de Carlos Rodrigo Fernández Bogarín (23), pasante auxiliar de la Fiscalía de la citada ciudad. Según la investigación, Fernández fue quien habría extraído del depósito fiscal los aparatos celulares y procedió a la venta de los mismos. El juez de turno del departamento Central, Hugo Came, convocó este sábado a Fernández para la audiencia de imposición de medida.
Gómez también imputó a Hugo Ernesto Carrero Vázquez y Juan Carlos Samaniego Flecha por los delitos de reducción, debido a que los mismos compraron sin documentos los teléfonos celulares.
La aprensión de los imputados se produjo a raíz de una denuncia formulada por la fiscala de la Unidad 1 de Luque, María Luján Estigarribia, el 7 de octubre, en la que manifestó el robo de varios aparatos celulares que eran evidencias de procesos penales que atiende.
Tras la denuncia, agentes del departamento de Investigación de Robos y Hurtos de la Policía Nacional se constituyeron a verificar el sitio y notaron que el lugar donde estaban las evidencias no tenía cerraduras o puertas violentadas, lo que hizo suponer la participación de algún funcionario.
El martes 18 se logró la detención de Samaniego, quien tenía uno de los aparatos celulares sustraídos del depósito, manifestando que había adquirido el celular de Ernesto Carrero, quien oferta celulares a través de una red social. Este jueves 20 lograron capturar a Carrero y Fernández Bogarín, el pasante que habría extraído las evidencias.