La tensión entre poderes del Estado existe cuando desde alguno de ellos se desea imponer criterios sean éstos políticos o ideológicos, cegados por visiones que nada tienen que ver con el fin de gobernar para la gente. Cabe apuntar, sin embargo, que la distribución de poderes tiene como objetivo el trabajo y el control mutuo, no así el desarrollo de estrategias para frenar las acciones del otro.

Este escenario se vive constantemente en el país. Es así que, en medio de denuncias de senadores de varias bancadas sobre la existencia de un plan de la disidencia colorada y la oposición para frenar proyectos del Poder Ejecutivo, se analiza la posibilidad de enviar de nuevo al Senado el proyecto de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que fuera rechazado por esa instancia parlamentaria.

Son hasta naturales las posturas políticas sobre todo a puertas de unas elecciones presidenciales (aunque pareciera que el 2018 está lejos, políticamente está a la vuelta de la esquina), pero ellas no deben dañar a la ciudadanía, a la gente que más necesita. Ya mucho daño ha hecho al país irracionales decisiones políticas.

La determinación del Senado, sin lugar a dudas, puso en aprietos al MOPC, a decir del Gobierno, ya que están en juego 450 contratos y 50 mil fuentes laborales. Eso es innegable, por lo que si existieran cuestiones que debían ser aclaradas o eventualmente corregidas, lo correcto hubiese sido una postergación en el tratamiento, pero no una reacción política que ahora genera mayores inconvenientes.

Nadie puede negar la necesidad de proseguir las obras que se están desarrollando, salvo irresponsablemente se quiera poner trabas a los trabajos que están centrados en lograr una mejor infraestructura vial. Eso sería un despropósito que afectará con fuerza a la gente y no precisamente a los gobernantes de turno.

Además de la preocupación de los 50 mil obreros pendientes de la construcción, en el sector empresarial existe una gran preocupación por el rechazo del Senado del crédito de 200 millones de dólares. Empresarios consideran que en caso de no reverse la decisión, se puede dar una catástrofe, como la paralización de un 50 por ciento de las obras en los próximos meses.

Ya el MOPC había alertado sobre esa posibilidad, al igual que la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). Este fin de semana, el empresario de la construcción Enrique Díaz Benza, propietario de una de las constructoras que ejecutan actualmente obras públicas, indicó que están en la disyuntiva de parar las obras por la falta de pago o suspender en un 50 por ciento para por lo menos pagar los costos fijos de salarios.

Desde el sector, como medida de desesperación, se propone incluso una "cumbre de poderes", que hasta ahora no fue realizada y los resultados nunca son muy provechosos. Exista o no una cumbre, sí debe darse urgentemente un diálogo entre las partes para salvar los temas políticos que sean necesarios y hacer prevalecer los intereses generales, como el de la continuidad de las impostergables obras.

El ministro de Hacienda, Santiago Peña, adelantó que el Poder Ejecutivo analiza de vuelta el envío del pedido de crédito, y la decisión se tomará en breve. Desde luego, por la necesidad de no parar las obras, lo lógico es que se envié de nuevo el planteamiento, ajustado según las consideraciones que hagan falta, no perdiendo el sentido de lo solicitado. Es decir, poniendo un punto intermedio, de manera a que el Ejecutivo pueda contar con los recursos y los parlamentarios que cuestionan el proyecto estén satisfechos con los ajustes solicitados, que probablemente será muy difícil.

La nueva mayoría en el Senado que está desde la conformación de la Mesa Directiva ya ha actuado de esta manera en otras ocasiones, como con los pedidos realizados por la Senavitat, entre ellos para el proyecto de reconvergencia de parte de la Chacarita.

Luego de exigir numerosas reuniones y explicaciones, no tuvieron otra opción que conceder el crédito, también del BID, porque sencillamente no encontraron argumentos que impidan la aprobación.

Por las características de la postura que se registra en este momento con el nuevo crédito del BID, el Ejecutivo no tiene otra salida en este momento que seguir con el "juego" de explicar una y otra vez, considerando que sufre por una minoría parlamentaria. Es decir, los obreros, las empresas y la ciudadanía seguirán con el "Jesús en la boca" –usando un término común– mientras en el Senado se sigue con la línea de "enviar mensajes" al Ejecutivo, olvidando que legislan para la gente, no para los gobernantes.