Por Benjamín Livieres Plano
Periodista
No les bastó con rechazar en su momento el proyecto de ley de "Emergencia Educativa", aunque eso implique que miles de chicos continúen dando clases bajo árboles, sin sillas o, peor todavía, con el riesgo cierto de que el techo del aula se les derrumbe sobre la cabeza.
Ahora fueron por mucho más y, en la sesión de ayer, la rosca que maneja la Cámara de Senadores, compuesta por la disidencia "colorada" y la multibancada opositora, primero "postergó" el tratamiento de la reforma del Código Laboral, propuesto por el Ejecutivo a los efectos de que el salario mínimo se ajuste de manera anual.
Y mucho más grave todavía, después rechazó un crédito de 200 millones de dólares, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar las obras de infraestructura que están en ejecución, lo que constituye un golpe brutal al desarrollo nacional, las empresas constructoras y, sobre todo, a la legión de trabajadores que se quedarán en la calle a raíz de eso.
Con lo dispuesto por los legisladores liderados por "Marito" Abdo Benítez y Fernando Lugo, quienes a su vez reciben "línea" de la senadora del PDP Desirée Masi, cuyo desequilibrado proceder es cada vez más notorio, 420.000 trabajadores de toda la república, es decir aquellos que perciben el sueldo mínimo, seguirán perdiendo el 7% de sus ingresos hasta que a ellos se les antoje, si se les antoja; pero apunte bien esta otra cifra, 50.000 obreros viales corren peligro real de perder sus puestos este fin de mes.
El proyecto del préstamo contaba con dictamen negativo de la Comisión de Obras Públicas, en la que votaron en contra su titular, el disidente Silvio "Beto" Ovelar, al igual que los senadores Luis Alberto Wagner ("efrainista") y Eduardo Petta "marista". En el mismo sentido se expidió la Comisión de Hacienda, con las firmas de Ovelar, Esperanza Martínez ("luguista") y Óscar Salomón, de la "disidencia"; al igual que la Comisión de Cuentas y Control, encabezada por la senadora Emilia Alfaro de Franco (PLRA), secundada por su colega Desirée. En otras palabras, la decisión estaba cantada.
Juan Carlos López Moreira, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, había explicado públicamente que es ahora cuando se precisa disponer del dinero, dado que las empresas constructoras experimentaron una mejor ejecución de las obras, sea por su mayor eficiencia o por la estabilidad del tiempo, lo que permitió el rápido avance de los trabajos.
En consecuencia, se adelantaron también los desembolsos, previstos recién para los últimos meses del año, y en caja se cuenta con fondos para cumplir con los pagos hasta el 31 de octubre. A partir de entonces se paralizarían los proyectos en desarrollo, dejando a miles de personas sin trabajo.
Pero las explicaciones de nada sirvieron. Ocurre que en la Cámara de Senadores se tornó un "hábito", aberrante por cierto, posponer y/o rechazar todo lo que provenga del Poder Ejecutivo. Como antes ocurrió en el caso de la "Emergencia Educativa", que dilataron su estudio varios meses hasta después liquidar su esencia, lo mismo están haciendo con el ajuste anual del salario mínimo y el crédito para el Ministerio de Obras Públicas.
El problema es que con esa estrategia política, si así puede llamarse al accionar miserable de un puñado de legisladores, no le boicotean solamente a Horacio Cartes, ni a los ministros Riera y Jiménez Gaona. Con sus actos, que solo pueden ser concebidos por mentes diminutas y perversas, sabotean el desarrollo del país y perjudican muy gravemente a 470.000 familias paraguayas, las cuales, con sobrados fundamentos, están habilitadas a ejercer el derecho a "escracharlos" donde los vean, como ocurrió entre los meses de noviembre y diciembre del 2013, por razones infinitamente menores.