Omar Jara. Agencia Regional.

Las más altas autoridades de San José de los Arroyos, como el titular de la Municipalidad local y su entorno, además del gobernador de Caaguazú y parlamentarios que pertenecen a este departamento cierran fila contra las pretensiones de la comuna de Itacurubí de la Cordillera de oficializar la pertenencia reclamada de tres compañías limítrofes que, de acuerdo con la ley forman parte del municipio sanjosiano.

Para el efecto el gobernador Mario Varela Cardozo (ANR), el intendente Hamy Chávez Domínguez (ANR), los diputados Mario Soto Estigarribia y Miguel Ángel Del Puerto (ANR), Celso Kennedy (PLRA), el senador nacional Carlos Núñez Agüero (ANR) y concejales departamentales y municipales conformaron una mesa de trabajo y resolvieron defender los intereses territoriales del V Departamento.

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HOSTIGAMIENTO

Acordaron, además, recurrir con documentos en mano ante los ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y Bienestar Social, de Obras Públicas y Comunicaciones, así como a la Secretaría Nacional de Deportes, entre otras instancias del Gobierno central, a los efectos de hacer valer los límites territoriales del departamento de Caaguazú, ante los inconvenientes que se suscitaron últimamente con docentes sanjosianos y funcionarios de otros entes que habrían sido objeto de hostigamientos en sus lugares de trabajo.

Un ingeniero topógrafo explica la realidad territorial entre Caaguazú y Cordillera.

Las comunidades en litigio son Ca'aguy Cupe, Cari'y Potrero y Jaguarete Cua, que en conjunto tienen unas 1.000 hectáreas y que de acuerdo a la Ley 426 de la División Política del Paraguay, promulgada el 7 de diciembre del año 1973, pertenecen a San José de los Arroyos y en consecuencia al departamento de Caaguazú.

ENFRENTAMIENTOS

Según indicaron los integrantes de la mesa, los itacurubienses pretenden hacer valer sus intenciones en contra de esa legislación, incluso el intendente Hugo Joel Meza (ANR) promueve enfrentamientos y pone en marcha actos de amedrentamiento contra pobladores y autoridades sanjosianas, según denunciaron.

Este ejemplo se traslada al interior de las familias que viven en la franja jurisdiccional en litigio, incluso llega hasta los locales educativos en los que se producen inconvenientes que afectan principalmente a docentes que van a impartir enseñanzas desde la ciudad de San José de los Arroyos.

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