Ayer, la Justicia Electoral terminó cediendo a la presión ejercida las últimas semanas por las agrupaciones políticas y se expidió a favor del pago del subsidio electoral hasta en un 99% a los que infringieron el Código Electoral y las normativas de presentación de balances financieros del Financiamiento Político.
El monto acumulado por la cantidad de votos es de G. 20.900 millones, pero solo el 48% de ese recurso está disponible.
La principal irregularidad cometida por varios sectores es la presentación de recibos comunes como justificación de gastos, lo que fue rechazado por la Contraloría General de la República.
Este informe del ente contralor, sin embargo, no fue tenido en cuenta por las autoridades electorales, quienes ya emitieron las resoluciones para la autorización del pago.
Es más, el compromiso para el pago ya lo hizo el ente electoral en septiembre pasado ante el Ministerio de Hacienda, antes de tener las resoluciones o verificar los informes de la unidad técnica de Financiamiento Político de la JE.
Ayer los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral aceptaron el pago del subsidio por contar con una disponibilidad de plan de caja de G. 10.000 millones, que repartió a las 53 agrupaciones políticas que están habilitadas para recibir este recurso.
La distribución se hizo de la siguiente forma: La Asociación Nacional Republicana tiene habilitado G. 3.187.187.296, el Partido Liberal Radical Auténtico G. 2.257.234.083, el Partido Unión de Ciudadanos Éticos G. 303.925.970, el Partido Revolucionario Febrerista G. 19.028.795, entre otros.
La Contraloría General de la República fue la que cuestionó el 60% de las rendiciones, pero desde el ente electoral vieron "riesgoso" pagar el 40%, por lo que finalmente cedieron y aceptaron los recibos comunes como si fueran comprobantes.
La ley que reglamenta el Financiamiento Político establecido en el Código Electoral menciona textualmente que el importe del subsidio debe ser entregado íntegramente "una vez aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de control".
Pero el argumento de la JE es que "es la primera vez que se aplica el control del dinero utilizado en las campañas políticas" y el objetivo es establecer "un cumplimiento progresivo de la normativa".
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Así es como rindieron cuentas
La presentación de los balances financieros de las agrupaciones políticas tras la campaña municipal del 2015, se dio en gran medida con los recibos comunes que no fueron admitidos por la Contraloría General de la República, que objetó el 60% de las presentaciones. Ayer, La Nación logró acceder a algunos de los recibos, donde se pudo constatar el principal de los cuestionamientos.
Cabe recordar que en algunos casos el mayor de los porcentajes de los gastos de campañas fueron documentados con este tipo de comprobante no legal. El Partido Liberal Radical Auténtico presentó G. 22.339.128.000 en recibos; el Partido Colorado G. 3.942.151.433; el Partido Democrático Progresista G. 483.774.188; el Partido País Solidario G. 141.500.000; el Partido Movimiento al Socialismo G. 17.585.000; la Concertación Frente Guasu G. 1.500.000 y el Partido Encuentro Nacional G. 630.000.