La mejor forma de llegar a acuerdos siempre será a través del diálogo. Es la herramienta irremplazable especialmente en todo escenario en el que se pretenda construir mejores condiciones de vida para la población en base a reivindicaciones.

Tras una larga pausa en la que se incluyó una serie de nuevos pedidos que no pueden ser resueltos solo por un Poder del Estado, finalmente la dirigencia de la Coordinadora Intersectorial Campesina decidió volver a una mesa de diálogo con el Gobierno, que esperemos se desarrolle de manera sincera y sin intereses que no sean los que realmente hicieron movilizar a los labriegos.

No se puede dejar de señalar que la poca fuerza en la movilización que fue anunciada obligó a la dirigencia a dar este nuevo paso.

Como primera medida del retorno al diálogo, este jueves reinician las reuniones con autoridades de varias instituciones, para retomar los puntos que quedaron pendientes, como la continuidad de la formalización del listado de beneficiarios para lo que tiene que ver con la deuda labriega. El encuentro será con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre el pedido de compra de deudas de los pequeños productores con la banca privada. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ya existe un acuerdo entre el BNF y los bancos, firmado en agosto pasado, pero falta incorporar la lista final de beneficiarios.

Este viernes continuará con un encuentro de líderes campesinos con el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y el martes con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Juan Carlos Baruja, sobre la reactivación productiva.

El dirigente de la Coordinadora, Luis Aguayo, luego de lanzar furibundas críticas, ahora puso énfasis en que el diálogo, diciendo que solo a través de las reuniones se pueden entregar propuestas concretas y bajar posturas para lograr consensos, entre ellos el sistema adecuado para fortalecer la agricultura familiar.

Precisamente, según proyecta el MAG, este es uno de los principales objetivos del Gobierno con los programas sociales y de respaldo al sector productivo. Fortalecer a las familias campesinas para que sean agentes dinamizadores de su propia microeconomía. Pero se debe entender que solo a través del entendimiento que se puede dar con un diálogo sincero será posible salir adelante. Todos desean que la situación en el campo mejore para bien de las familias campesinas, para bien del país.

Además de recurrir siempre al diálogo, debe ponerse hincapié en otro tema: el respeto a las leyes, el respeto a la propiedad privada, un tema bastante discutido no solo en las últimas semanas, sino desde hace décadas. En este punto, no podemos excluir la situación en Guahory, donde existe tensión más por la incitación política de algunos considerados representantes del pueblo que la carencia de alternativas de solución.

El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), informó que espera lograr una solución a la problemática, pero sin avasallar el derecho de la propiedad privada. El propio titular del ente, Justo Cárdenas, ha señalado que no se puede generar justicia, equidad social e igualdad de oportunidades sobre la base del atropello a los derechos de terceros. El Indert afirma que está buscando una alternativa para las familias que fueron desalojadas y entre ellas están la reubicación de las mismas en otras tierras que pertenecen al Estado o bien la adquisición de las reclamadas, siempre y cuando las condiciones estén dadas.

Una medida que represente la adquisición o expropiación no se adopta de la noche a la mañana, y además se requiere de la aprobación de otras instancias, por lo que necesariamente tiene que primar la tranquilidad y paciencia.

Ahora, hay que ser claros en un punto. El Gobierno y las instituciones encargadas de velar el respeto de la ley no pueden cerrar los ojos a intereses que no precisamente estén centrados en la solución a las necesidades de la gente, sino más bien a otros que están ligados a cuestiones políticas.

Los tiroteadores mayormente se encuentran en el Congreso, donde irónicamente los mismos sectores desean poner freno a proyectos que beneficiarán a productores, entre ellos los pedidos de ampliaciones presupuestarias para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que tienen como principal foco el respaldo a unos 25 mil productores. Cómo puede entenderse que para un reclamo estén firmes e incluso incitando a la violencia, mientras que en temas puntuales que favorezcan al mismo sector que dicen respaldar intenten cortarles ayuda.

Como sociedad debemos ir insistiendo en que los representantes de todos los sectores estén siempre abiertos al diálogo en busca de consensos y, a la vez, reclamar el cese de la incoherencia política que solo causa un grave daño al país.