El anuncio de la decisión del Poder Ejecutivo de plantear al Congreso nacional la modificación del Código del Trabajo con el propósito de cambiar el mecanismo de reajuste del salario mínimo vigente ha generado una serie de reacciones en el entorno político, especialmente. Las reacciones sobre cualquier tema, sin análisis del fondo de lo que se plantea, se han vuelto costumbre en algunos sectores.

Tras un consenso del Consejo Consultivo Tripartito, el Gobierno anunció que se pretende modificar la ley para permitir un aumento automático del salario mínimo en forma anual, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y no esperar que sea ajustado solo cuando existe una inflación acumulada del 10 por cierto, como ahora establece la legislación.

El planteamiento, según explicó el ministro de Hacienda, Santiago Peña, fue consensuado entre el Gobierno, empresarios y trabajadores, lo que habla de una real intención de establecer una nueva política salarial y no un simple parche, como se venía haciendo.

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La más afectada por el sistema actual es la clase trabajadora, por lo que la medida, de ser aprobada en el Congreso nacional, podrá beneficiar a un considerable número de trabajadores que debe pelear el mes con el salario actual. Durante una rueda de prensa para el anuncio, desarrollada el jueves luego de una reunión con el presidente de la República, el ministro Peña y el de Trabajo, Guillermo Sosa, fueron consultados si los empresarios acompañaban la propuesta. Se respondió que tenía el respaldo, pero al margen que sea así o no, se aclaró que el jefe de Estado ya había adoptado la decisión de plantear la modificación de la ley.

Desde luego, el sector privado probablemente será el que podría no estar de acuerdo con una nueva política salarial, pero está claro que existe un compromiso de poner un esfuerzo conjunto para favorecer a la clase trabajadora, siempre olvidada cuando se trata de beneficios laborales.

El proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Parlamento, de acuerdo con lo detallado, establece que cada junio el Consejo Nacional de Salarios Mínimos debe reunirse para realizar el reajuste. Una vez aprobada la modificación del mecanismo actual, se realizará el aumento del salario mínimo y que, de darse inmediatamente este año, sería 7,2%, atendiendo que es la inflación acumulada desde el último incremento, que fue en marzo del 2014.

El anuncio se hizo con presencia de representantes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central General de Trabajadores (CGT), lo que avala la aceptación de la propuesta por parte de la clase trabajadora. De acuerdo al proyecto de ley de modificación, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reunirá a convocatoria de la autoridad administrativa de Trabajo, para efectuar los estudios y disposiciones sobre el reajuste anual del salario mínimo.

Se explicó que la consideración del reajuste será efectuada por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Conasam, basándose en la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su efecto en la economía nacional. La autoridad administrativa del Trabajo elevará antes del 30 de junio de cada año la propuesta de reajuste salarial, acompañada de las memorias correspondientes al Poder Ejecutivo, para su consideración y resolución. Se propondrá que en los casos de profunda alteración de las condiciones macroeconómicas y financieras, o de elevadas tasas de inflación, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos podrá reunirse en un período distinto al indicado anteriormente, y considerará para la fijación del porcentaje de reajuste, los informes de inflación, de la situación económica y financiera del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Hacienda; como también las perspectivas o proyecciones inflacionarias y económicas respectivas.

Es decir, el planteamiento realizado por el Consejo Consultivo Tripartito al Ejecutivo y la aceptación de esta instancia para derivarlo al Congreso, no es uno más, sino uno en el que se propone un cambio sustancial en la política salarial que puede convertirse en una reivindicación laboral esperada por las organizaciones de trabajadores.

Dependerá ahora de ambas Cámaras del Congreso analizar serena y de manera responsable el proyecto de ley que se enviará, para su posterior aprobación, en lo posible lo más rápido posible. De existir celeridad parlamentaria este mismo año se podría dar un aumento en el salario mínimo, pero en caso de que se tomen medidas dilatorias, recién probablemente el próximo año se tendrá que adoptar una decisión. Esperemos que primen la seriedad y la celeridad.

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