El desalojo violento de unas 200 familias campesinas de la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, ha creado un clima de tensión que moviliza a la clase política y religiosa de la zona.
El procedimiento realizado por unos 1.200 agentes de la Policía Nacional, a cargo del comisario Luis Cantero, y encabezado por el fiscal Alfirio González el pasado jueves 15 de setiembre, fue catalogado por los políticos del sector opositor como un
procedimiento ilegal, ya que la destrucción de las casas y cultivos se realizó sin una orden judicial de por medio.
La problemática fue discutida ampliamente en las respectivas cámaras del Congreso, teniendo en cuenta la situación actual de los labriegos y las acusaciones del oficialismo hacia los mismos al catalogarlos como "instigadores" en búsqueda de enfrentamientos y oportunistas que generan la politización del desalojo.
"No es una cuestión política, es una cuestión de derechos constitucionales, de patria, de hacer que el Estado, a través del Gobierno, pueda trabajar para dotarles de tierra a los paraguayos", argumentó el vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico,
Jose "Pakova" Ledesma.
La senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, argumentó que el desalojo se hizo sin una orden judicial. Mientras que el diputado de la ANR, Mario Soto Estigarribia, refirió que "ciertos políticos incitan a estos compatriotas a invadir
un inmueble ajeno solo para buscar llamar la atención de la ciudadanía anteponiendo sus intereses mezquinos de índole político ante que el derecho real de las personas y así de forma inmisericorde desprestigiar al Gobierno".
Por otro lado, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Justo Cárdenas, aseveró que el desalojo de los campesinos fue legal, ya que la mayoría de los colonos brasileños accedieron a las tierras antes del año 2002, cuando no había prohibiciones para que los extranjeros accedan a tierras públicas y de gran extensión. El procedimiento por parte de los agentes fue duramente cuestionado también por la Conferencia Episcopal Paraguaya quienes lamentaron el uso desproporcional de las Fuerzas Públicas.