La investigación de la Fiscalía contra la defensora general, Noyme Yore, surgió a partir de publicaciones de La Nación que hizo seguimiento a las denuncias de funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

Los primeros casos fueron sobre supuestas licitaciones amañadas de las sedes del interior otorgadas por el director de obras, Germán Fatecha, y hechos de nepotismo, en los que sobrinos de Fatecha y Yore aparecían en la nómina de funcionarios.

Estas denuncias despertaron el interés del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La Contraloría y la DNCP emitieron informes con relación a serios atrasos y abandonos de las obras de sedes del interior, sin embargo, esto aun no fue abordado en la imputación, pese a que se encontraron desembolsos hechos por obras no ejecutadas y en algunas sedes del interior los auditores detectaron peligro de derrumbe.

Los fiscales, Josefina Aghemo y José dos Santos iniciaron su trabajo por las denuncias de nepotismo, donde tras cruzar las planillas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, se detectó que Yore había nombrado a Defensores por decisión propia, por lo que fue imputada por usurpación de funciones públicas, luego se amplió la imputación para otros 3 funcionarios que operan como defensores públicos, pero luego esa lista se amplió a 5.