Un año después de la explosión del movimiento #Unanotecalles y del escándalo público que produjo la denuncia y constatación pública de tremendas y generalizadas irregularidades, abusos administrativos, planillerismo, despilfarro y desvío del dinero público destinado por la nación a la Educación Superior en la Universidad Nacional, convertida en modelo de corrupción generalizada en vez de centro de capacitación y formación de la juventud, el Ministerio Público presenta acusación contra el ex rector Froilán Peralta, acusado por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera, quien pide juicio oral para él y otras cincuenta personas involucradas en la causa, por cobro indebido de honorarios.
Es solo una parte de las denuncias realizadas y abrumadoramente ventiladas públicamente y comprobadas con suficientes documentos, filmaciones, publicaciones y actuaciones públicas de funcionarios, como la destrucción de documentos públicos a la vista de la inmensa audiencia de las televisoras nacionales, desde abuso de autoridad y malversación hasta acoso sexual.
Contrasta la rapidez con que actuó la Fiscalía el pasado martes, con la presencia de tres fiscales para intervenir en el campus universitario, que había sido tomado por los estudiantes, impidiendo a las autoridades que salieran del recinto sin dar una respuesta a sus reclamos, lo que fue calificado, con el eco de algunos medios de prensa, de secuestro, poniendo a los estudiantes protestatarios al nivel del EPP, lo que parece bastante exagerado cuando se "secuestra" cotidianamente a ciudadanos, cerrando el tránsito, sin que puedan cumplir con sus labores, necesidades y hasta urgencias, clausurando rutas nacionales e internacionales, paralizando la circulación con camiones o taxis copando la vía pública, "secuestrando" a cuantos circulan por las ciudades o por las rutas… Si hasta se ha secuestrado más de una vez a los parlamentarios, sitiando el Congreso Nacional sin que haya habido imputación alguna.
En fin, que parece un poco exagerado que en escaso lapsus de tiempo los fiscales intervinieran con firmeza y hasta imputaran a ocho estudiantes, ligereza que les obligó a desimputarlos casi con la misma celeridad.
No se trata de criticar a la Fiscalía por lo que hace –¡Ojalá interviniera siempre con la celeridad que exige cada caso!–, sino por el contraste, por la vara con que se mide cada caso y el tiempo que se emplea para mover el aparato judicial, tan pesado y lento, como ligero y veloz, de acuerdo "a la cara del cliente".
El tema es grave, porque la vara lenta con que se procedió contra la corrupción, causa de las protestas universitarias, les regaló tiempo precioso a las autoridades, protagonistas de la corrupción que se repusieron y volvieron a tomar las riendas del poder absoluto; y el escándalo público es tan volátil que se apaga con un escandalote que corre por Radio So'o, como volátiles son las redes sociales, que se acaban con unos cuantos me gusta, las mayorías ruidosas también, como los fiscales, estuvieron dormidas por un año; ahora que el ruido es menor hasta se amaga para que los denunciantes terminen en denunciados.
Eso ha permitido que un año después estemos enfrentando el mismo problema, es decir, que hemos perdido no solo un año de estudios de miles de estudiantes, sino un año para reparar el despilfarro y que los fondos del Estado, que tanto se estudian en el gabinete económico, que tanto se discuten en la Comisión Bicameral del Congreso, que tanto nos faltan, sigan teniendo un agujero enorme por donde se desparrama y despilfarra la plata de la educación.
Es de esperar que la Justicia ahora funcione con celeridad, con la que actuó contra los estudiantes; si bien la "toma" de universidades con gente adentro es una falta, aunque sea justa la causa, el despilfarro del dinero público es un delito grave, y cuando atenta contra los compromisos fundamentales de la nación, tiene el agravante de ser delito de lesa patria.