En audiencia pública realizada en la sala bicameral del Congreso Nacional, representantes de organizaciones sindicales, diputados y directivos del IPS debatieron sobre la recientemente promulgada ley que modifica disposiciones del régimen legal del seguro social.
El gerente de Prestaciones Económicas de IPS, Pedro Halley, calificó de extemporánea la discusión puesta que debió darse antes de la promulgación de la normativa. Explicó al auditorio los beneficios de los tres artículos de la Ley 5.655 que por un lado penaliza la evasión y por otro, habilita a utilizar hasta el 40% de las rentas en inversiones para el área de la Salud. Pese a estas claras argumentaciones, los sindicalistas exigieron la derogación de la ley.
Halley sostuvo que el ente cuenta ahora con una herramienta que puede contribuir con el mejoramiento de la infraestructura de la previsional.
"Vemos que es una ley positiva para el IPS, que tiene disposiciones valiosas que nos permitirán atacar frontalmente la evasión patronal y obrera. De 10 trabajadores, solo dos están inscriptos, de 400.000 empleados, sólo 40.000 están inscriptos y es porque el régimen punitivo del IPS no funciona", señaló.
Explicó que en adelante la previsional podrá aplicar multas más altas para castigar la evasión, puesto que en su artículo 3ro. contempla el régimen punitivo.
"Esta ley nos otorga multas significativamente más altas para castigar la evasión, penaliza la evasión del patrón que descuenta y no aporta. Lo que le permitirá al IPS es que podrá utilizar parte de la renta, parte de los intereses que genera esa plata, que no vuelva a los bancos y que se invierta y reutilice para mejorar la infraestructura de la institución", refirió.
El titular de Prestaciones Económicas manifestó que de abonar sumas "irrisorias y ridículas", ahora se endurecen las multas pecuniarias al empleador evasor que deberá pagar entre 10 y 400 jornales.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Olga Ferreira, pidió perdón por haber avalado la sanción de la ley y prometió acompañar un proyecto de derogación.