Las sociedades se construyen con al menos consensos mínimos entre los actores principales sobre temas esenciales que hacen a la situación de la misma sociedad. Para que estos consensos se den indefectiblemente primero debe existir una voluntad para el diálogo y tolerancia, dejando de lado las posturas individuales y grupales. Para que el diálogo sea efectivo, debe darse en el marco del respeto de las personas y de las instituciones. Todo intento de lograr consensos a través del diálogo, sin que este sea sincero, será en vano.

La clase política debe dar muestra que es capaz de sentarse a dialogar para buscar consensos, porque así lo requiere hoy la sociedad, especialmente aquella que sufre por la desidia histórica que permitió que el crimen y la delincuencia se apoderen de algunas zonas.

Los últimos acontecimientos en el norte del país con el asesinato de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el atentado en Pedro Juan Caballero a la radio del presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, y otros anteriores, hacen obligatorio establecer un diálogo entre los poderes del Estado y los actores principales de la sociedad, para que, juntos, se consensúe una acción que permita a los organismos de seguridad actuar acorde a las necesidades para poner fin a un drama que arrastra el país desde hace décadas.

Los grupos de delincuentes y criminales que generan luto al país, aquellos que usan la ideología como excusa y los que se sustentan con la mafia de todo tipo, deben ser derrotados por los organismos de seguridad cuanto antes, pero para que esto ocurra primero debe ser derrotada la incomprensión ciudadana y política sobre un hecho sumamente importante: esta lucha debe ser de un país unido, sin banderías políticas. Y la única forma de lograrlo será a través, primero, de un gran consenso político y ciudadano.

Muchos de los esfuerzos que desarrollan los organismos de seguridad son cuestionados por intereses políticos y presentados ante la sociedad como errores, sin que se mida la gravedad de lo que se hace. En la medida en que se cuestione el trabajo, por ejemplo, de la FTC, lo que se hace es disminuir la credibilidad en esta fuerza, debilitando a los mismos integrantes del grupo especial y poniendo a la gente en contra de quienes están dando sus vidas para lograr seguridad en una zona que fue abandonada por mucho tiempo.

Es cierto, se debe reconocer que la FTC ha cometido errores, pero también se debe admitir que consiguió importantes logros.

No se puede desconocer que gracias al despliegue en la zona conflictiva hoy los productores y ganaderos pueden trabajar al menos con una protección.

Si no fuera así, estarían a merced de la voluntad de los criminales. Para sacar una evaluación sobre lo que hace y se dejó de hacer, es necesario poner en la balanza los números reales, y no lanzar meros discursos mediáticos.

En el marco de este contexto, y comprendida la urgencia de un diálogo entre todos los sectores, el Poder Ejecutivo ha decidido realizar una serie de encuentros con las instituciones que están involucradas en la lucha contra la delincuencia, como la Fiscalía General del Estado. Igualmente, la ronda de diálogo incluye a los sectores de la producción, la ganadería y la industria, que son los motores económicos en las zonas consideradas de conflicto. Habrá que incluir también a las representaciones sociales, para que compartan sus inquietudes sobre el tema.

Desde el Congreso, igualmente, se ha iniciado paralelamente una acción que pretende coordinar los trabajos que ayuden a impulsar un combate mucho más frontal contra la mafia. Así, la semana pasada autoridades de este poder convocaron a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al titular de la Senad. El objetivo trazado fue analizar las herramientas legales que se tienen para la lucha contra todo tipo de delincuencia, especialmente en las zonas azotadas en este momento por grupos criminales como los vinculados al narcotráfico.

Todo lo que se pueda aportar en este momento debe ser bienvenido. Hay que resaltar el esfuerzo del Congreso como del Ejecutivo en buscar un camino a seguir para la urgente necesidad de devolver tranquilidad a las zonas más conflictivas. No puede rechazarse ningún tipo de análisis sobre la situación y sobre lo que se debe hacer de cara al futuro.

Hay que señalar, sin embargo, que todo aporte y discusión tienen que estar sustentados, como decíamos más arriba, en el marco del respeto, de la tolerancia y dejando de lado las posturas individuales y grupales que tanto daño ya ha hecho al país. Los enemigos no son las instituciones o los representantes del pueblo, sino aquellos que atentan contra el mismo pueblo.