Las responsabilidades de cada uno de los poderes del Estado son claras y están establecidas acorde a un sistema en el que debe imperar el control mutuo, pero así también la colaboración estrecha para alcanzar los objetivos que son trazados para lograr el bien común.
La mayoría de las acciones que deben ser diseñadas y ejecutadas por el Poder Ejecutivo indefectiblemente tienen que ser revisadas y aprobadas por el Congreso, como el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). Este fue siempre un tema motivo de mucho debate, enfrentamientos y determinaciones que a lo largo de los años fue generando una inconsistencia en la economía del Estado al punto que desde hace bastante tiempo las administraciones de turno deben ingeniarse para cumplir con todo lo aprobado y ampliado.
El Poder Ejecutivo presentó hace unas semanas el proyecto de presupuesto para el 2017, que ahora entra en discusión en el Congreso, para lo cual fue conformada la Comisión Bicameral de Presupuesto. Esta instancia parlamentaria, integrada por representantes de todas las bancadas políticas del Parlamento, se encarga de estudiar cada proyecto presentado por los entes públicos. El primer diseño general del presupuesto lo hace el Ministerio de Hacienda, que recibe los proyectos de presupuestos de cada uno de las instituciones públicas, para preparar el general y presentarlo al Congreso.
Para el Gobierno, el proyecto que se puso en discusión tiene un cariz social, porque –afirma– se puso énfasis en los programas sociales, aunque se reconoce que gran parte de la carga administrativa está en el sostenimiento de la pesada estructura pública heredada de administraciones anteriores. Desde algunos sectores, incluidos parlamentarios, sin antes estudiar a fondo el proyecto, ya lanzaron advertencias sobre, por ejemplo, una supuesta intención de incrementar el número de funcionarios públicos, cuando que, en realidad, a decir del Ejecutivo, los números no indican tal cosa. Es en este momento en el que se deberá medir la responsabilidad en las opiniones y posturas, para que el debate sobre el presupuesto sea realmente sincero, sin intereses ocultos.
El Ministerio de Hacienda, en su intención de transparentar el proceso de construcción del proyecto, realiza una serie de exposiciones sobre el mismo. Además, el propio ministro Santiago Peña hizo una exposición ante los parlamentarios el día de la conformación de la Bicameral, en la que se intentó clarificar las dudas respecto a algunos puntos. Este mismo tipo de procedimiento de socialización se realiza con distintos gremios interesados en conocer qué se plantea para el 2017, un año que se percibe será bastante movido en términos políticos, previo a las generales del 2018.
En el marco de estos encuentros, se debe resaltar que los gremios de la producción y la industria han solicitado responsabilidad de los actores políticos para no inflar el presupuesto y hacerlo imposible de cumplirlo, como ya ha ocurrido. A esto se sumó el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), que pidió al Congreso Nacional respetar el tope del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.
Al respecto, se debe apuntar que durante una reunión mantenida con el ministro de Hacienda, los directivos mencionaron que existe coincidencia de que el Poder Legislativo puede realizar los cambios que considere necesarios, pero sin aplicar aumentos que terminen impactando de forma negativa a las cuentas públicas.
Se teme que ocurra lo que sucedió hace años cuando el Congreso incrementó los salarios y cuyas consecuencias ahora están tratando de ser solucionadas. Sobre el punto, si los legisladores aprueban una suba salarial del 10%, los recursos que el fisco deberá conseguir sacrificando los proyectos sociales son de aproximadamente US$ 350 millones, que en términos del Producto Interno Bruto (PIB) equivale al 1,2%, se especificó.
El PGN total puesto a consideración del Poder Legislativo totaliza la suma de G. 69,160 billones (US$ 12.575 millones), lo que representa un crecimiento del 4,2% sobre el Presupuesto General de la Nación 2016 aprobado y que asciende a G. 66,383 billones (US$ 12.070 millones). El incremento está explicado por el crecimiento vegetativo en las fuerzas públicas, educación, salud, así como la inclusión de nuevas instituciones a la matriz salarial y mayores recursos a los programas sociales.
El secretario de la cartera económica ratificó que la propuesta del PGN para el 2017 se enmarca dentro de una política fiscal real y sostenible, así como austero y con fuerte impacto en los programas sociales y de inversiones. Menciona que por primera vez fue incluida la limitación de los premios asignados a los funcionarios de todas las instituciones por el buen desempeño realizado. Sobre el punto, el ministro de Hacienda dijo que desde la dependencia que administra vienen llevando adelante esta modalidad, otorgando solo los recursos adicionales a los buenos funcionarios.
El debate sobre el proyecto del PGN 2017 es necesario y debe darse en las instancias donde correspondan, como el Congreso. Y esta instancia tiene que escuchar no solo al Poder Ejecutivo, sino también a la sociedad. Es fundamental que se entienda que el debate sobre el proyecto debe darse en el marco de una absoluta sinceridad, mirando los números reales, sin caer en la demagogia del discurso político solo al efecto de tratar de ganar rédito político. Un presupuesto no se prepara para una persona en particular, sino para todo un país. Gran parte del futuro de nuestro país depende de un buen presupuesto. Esperemos que el resultado sea el mejor.