Según un análisis del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) realizado por el economista Julio Ramírez, para el año 2017, antesala de un agitado escenario político, fue presentado un Presupuesto General de la Nación (PGN) prudente, en el que se incrementa levemente el gasto en servicios personales, pero no hay aumento de salarios para los funcionarios públicos. Presupuesto en el que la inversión social presenta un significativo incremento.

El informe remarca que el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo mantiene el déficit presupuestado dentro del margen del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero este proyecto de ley todavía debe pasar por el filtro del Poder Legislativo y por las presiones de diversos sectores que ya se comienzan a sentir en reclamos del gremio médico y de las gobernaciones.

El escenario macroeconómico esperado prevé un crecimiento del 3,8% del PIB y una inflación del 4,5% en 2017. Un año afectado por la ralentización de las economías de Brasil y Argentina y del consumo de granos en China, uno de los principales demandantes de los commodities agrícolas exportados por el Paraguay. El tipo de cambio orillaría los 6.000 guaraníes por dólar.

El ingreso impositivo esperado es de unos G 20,9 billones, o US$ 3.800 millones, que equivalen a una presión tributaria de 12,4% y representan un incremento de 9% con relación a lo que se estima recaudar en el 2016.

Entre los ingresos no tributarios se destacan los de las Entidades Binacionales, que rondarían los US$ 540 millones.

Por otro lado, la inversión social llegará al 56,7% del total de gastos de la Administración Central, con un incremento del 0,8% con respecto al ejercicio fiscal 2016, manteniéndose así su participación histórica. El presupuesto 2017 asegura la financiación de los principales programas sociales, la mayoría de los cuales aumenta su cobertura, entre los que se destacan la pensión de adultos mayores que llegaría a 190.000 beneficiarios y el programa Tekoporã de transferencias monetarias condicionada que alcanzaría a 150.000 familias.