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Para muchos, no hay duda de quién es el héroe y quién el villano en la confrontación fiscal de esta semana entre Bruselas y Apple. El juego de las reglas fiscales transfronterizas se ha elevado inexorablemente. Apple, con su abundancia de activos intangibles, con los que es más fácil jugar, ha sido uno de los más astutos en aprovechar los resquicios.

Una cuenta de 13.000 millones de euros (14.500 millones de dólares) más intereses, la cantidad que la Comisión Europea dice que Irlanda debe recuperar de la empresa por evasión fiscal, pagaría todo el presupuesto de atención médica del país este año y apenas haría mella en la montaña de efectivo de 230.000 millones de dólares de Apple.

Pero al cargar contra Apple, la comisión está creando incertidumbre entre las empresas, socavando la soberanía de los Estados miembros de Europa y rompiendo filas con Estados Unidos, sede del gigante tecnológico, en una época en que las grandes economías deberían estar coordinando sus reglas contra la evasión. Frenar la gimnasia fiscal es un objetivo elogiable. Pero la comisión está actuando de la manera más contraproducente posible.

Dice que los arreglos de Apple con Irlanda, que resultaron en tasas de interés bajas de un solo dígito, representaron un trato preferencial, y por tanto violaron las reglas de ayuda estatal de la UE. Formular este caso involucró cierto pensamiento creativo. La comisión se basó en una amplia interpretación del principio de "precios de transferencia" que rige el precio al cual las unidades de una multinacional comercian entre ellas.

Tras mover los arcos de la portería de esta forma, la comisión luego aplicó su nuevo razonamiento a acuerdos alcanzados hace 25 años. En ese entonces, no había razón para que Apple pensara que un día incumpliría las reglas de ayuda estatal. La empresa cerró un acuerdo con un gobierno soberano, el cual continúa defendiendo el acuerdo hasta este día.

Aun cuando el plan hubiera sido legalmente sospechoso en ese entonces, tendría igual sentido que las subsecuentes sanciones recayeran tanto en el país que lo ofreció como en la compañía que lo aceptó. De cualquier manera, las empresas que invierten en Europa tendrán derecho a preguntarse qué otros acuerdos alcanzados con gobiernos pueden ser revertidos retroactivamente. La propia Irlanda está ofendiéndose por la interferencia en asuntos que son típicamente terreno de los Estados miembros de la UE. Está considerando si apelar; Apple dijo que lo hará.

MEJOR JUNTOS

Al usar nuevos argumentos para atacar a acuerdos alcanzados hace tiempo, la comisión no está ayudando a combatir la ofensiva evasión fiscal. Irlanda y otros Estados europeos complacientes, como Luxemburgo y Holanda, ya han sucumbido a la presión para cerrar varios de los resquicios del pasado. El año pasado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeos, un grupo de países ricos, fue pionero en un conjunto de lineamientos diseñados para combatir la evasión.

Al ir sola, la comisión corre el riesgo de avivar el conflicto, no la cooperación. Las políticas estadounidenses rápidamente calificaron al juicio de ser una clara redada fiscal; en un documento dado a conocer antes del veredicto de la comisión, la Tesorería de Estados Unidos insinuó ominosamente una represalia.

Algunos ven un lado positivo. El dinero pagado por Apple y otras empresas estadounidenses a los gobiernos europeos no irá a las arcas fiscales de su país; el darse cuenta de que los políticos europeos pudieran ganar a su costa podría, al menos, incitar a los formuladores de políticas estadounidenses a reformar su caótico código fiscal.

Las compañías estadounidenses son empujadas al engaño fiscal por la combinación de una alta tasa impositiva reglamentaria (35 por ciento), un sistema mundial de fiscalización y estipulaciones que permiten a las empresas diferir el pago de impuestos hasta que las utilidades sean repatriadas (resultando en más de 2 billones de dólares de efectivo corporativo que están siendo acumulados en el extranjero). Recortar la tasa, gravar solo las utilidades registradas en Estados Unidos y poner fin al aplazamiento alentaría a las empresas a llevar el dinero a su país; y reduciría en gran medida los chanchullos que irritan a tantos en Europa. Qué lástima, parece poco probable. La comisión ha lanzado una granada; podría resultar en una guerra fiscal.