Victoria Finkle

Un jurado de Los Ángeles determinó que MetLife y dos de sus filiales deberían pagar US$ 15,6 millones a una mujer que denunció haber sido estafada en un esquema Ponzi ligado a un agente de seguros de MetLife. La demandante, Christine Ramírez, una jubilada, invirtió cerca de US$ 280.000 en el esquema, el cual perdió US$ 200 millones de sus inversores cuando se derrumbó hace casi una década. Varios de esos inversores demandaron a MetLife, arguyendo que la aseguradora había ignorado o fallado en percibir señales de que sus agentes y corredores estaban vendiendo las inversiones a jubilados y otros.

Después de un juicio de ocho semanas, el jurado concedió a Ramírez US$ 10 millones en daños punitivos a ser pagados por MetLife Inc., US$ 2,5 millones en daños punitivos a ser pagados por una subsidiaria de MetLife, New England Securities, y US$ 2,5 millones en daños punitivos a ser pagados por una segunda filial, la New England Life Insurance Company, junto con US$ 330.000 por daños punitivos a ser pagados por un ex socio gerente. Se concedió, además, una indemnización por daños de más de 230 mil dólares.

"El mensaje para MetLife sería que no importa lo grande que uno sea, igual tiene la obligación de administrar sus operaciones de una forma que la gente real no resulte lastimada", dijo Richard Donahoo, un abogado de Ramírez, de Donahoo & Associates.

Christopher Stern, un portavoz de MetLife, dijo: "Estamos decepcionados con el resultado y nos anticipamos a apelar esta decisión".

Los abogados de Ramírez dijeron que la compañía de seguros no intervino cuando sus vendedores, junto a contratistas independientes, aprobaron la venta de sus productos, vendieron a los ahora perjudicados pagarés con retornos "garantizados" de hasta del 12 por ciento.

Los pagarés fueron respaldados por un fondo inmobiliario no relacionado a MetLife denominado Diversified Lending Group. Este estaba administrado por un gestor externo de dinero llamado Bruce Friedman. Se dijo a los inversores potenciales que podían utilizar las ganancias de sus inversiones de los pagarés para cubrir las primas sobre una nueva política de seguros de atención a largo plazo con MetLife.

Diversified Lending Group quebró meses después de que Ramírez fue abordada, en el 2008, cuando los reguladores acusaron a Friedman de contactar a los inversores para su propio beneficio. Para entonces, Ramírez había invertido un total de US$ 279.769 en los pagarés de DLG, incluyendo sus ahorros personales, una cuenta de jubilación y el producto de una línea de crédito por su casa en Simi Valley, California. Ella no era cliente de MetLife y no compraba sus seguros en relación con el acuerdo, pero testificó que ella había creído que los pagarés de DLG fueron aprobados por la aseguradora.

Antes del juicio, MetLife arrimó documentos ante la Corte afirmando que tenía relación con DLG y que no era responsable de los daños debido a que Ramírez no era su cliente.

Los abogados de Ramírez representan a 98 personas en siete casos y el suyo fue el primero del grupo en obtener un fallo. A su caso se le dio preferencia porque ella está luchando – en fase terminal – contra un cáncer de mama.

El jurado falló a favor del demandante en cuatro cargos civiles, entre ellos ayuda y complicidad para violar las leyes de valores de California, negligencia y complicidad en el engaño y el abuso financiero de ancianos.

"Las grandes empresas van a recordar que ellas pueden ser consideradas responsables", dijo Thomas Foley, otro abogado de Ramírez, que es socio fundador de Foley Bezek Behle & Curtis.

MetLife anunció en enero que planea vender su unidad de negocios minoristas de seguros de vida en los Estados Unidos, incluidas las dos filiales implicadas en la demanda.