David Zaring
Pocos ejecutivos se han enfrentado a la pena de prisión o multas por los errores derivados de la crisis financiera.
La reciente decisión de la Comisión de Bolsa y Valores (US Securities and Exchange Commission - SEC) de tirar la toalla en su caso civil contra Daniel H. Mudd ayuda a explicar por qué.
Entre el 2005 y el 2008, Mudd fue jefe ejecutivo de Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, Asociación Federal Nacional Hipotecaria) en el período también aludido como "the go-go years" y que precedió a una profunda crisis en el sector.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a menudo se quejan de que no es fácil ganar casos contra altos ejecutivos de las empresas financieras. Estos últimos, a menudo están lejos de los malhechores de bajo nivel en el organigrama de las compañías y el producto de su trabajo por lo general se filtra a través de oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgos y abogados.
El resultado del caso Mudd sin duda se ve como una derrota. La semana pasada, Mudd llegó a un acuerdo, que está pendiente desde el 2011, por apenas US$ 100.000. Esta suma será pagada por Fannie Mae y son como moneditas teniendo en cuenta los US$ 24 millones que él ganó en Fannie Mae entre el 2006 y el 2008.
Cinco años de litigio judicial para obtener un resarcimiento o multa de US$ 100.000 no son precisamente una señal de una asignación eficiente de los recursos legales disponibles.
Mudd y Fannie Mae la sacaron barata debido a una característica de los casos judiciales relacionados a la crisis financiera. A pesar de que los titulares de las acusaciones de malversación puedan haber parecido más que evidentes, vadear a través de la prueba fue mucho más difícil para el gobierno.
Esta dinámica puede parecer sorprendente. El gobierno debería estar feliz al describir una historia clara y consistente a un jurado probablemente poco interesado en matices de contabilidad. La parte acusada, en cambio, tratará de ganar el juicio complicándolo.
Y el caso más bien básico contra Mudd es fácil de entender. Fannie Mae era una compañía pública y, así, él y sus subordinados debían a los accionistas revelaciones francas y completas acerca de los negocios de la empresa bajo su dirección y de los riesgos que estaba tomando.
Durante el período en el que él fue el director ejecutivo, Fannie Mae amplió su crédito subprime (de un nivel de riesgo de default superior a la media del resto de créditos) y de las hipotecas Alt-A, o de baja divulgación. El valor de estos negocios se derrumbó en el 2008, al igual que el mercado de la vivienda en general. Fannie pidió socorro al gobierno y, en última instancia, un salvataje de US$ 187 mil millones para la empresa y su homóloga, Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation - Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios).
¿Podían los operadores de Fannie realmente revelar con precisión los riesgos que la firma estaba tomando poco antes de su repentino colapso? Es aquí donde se complicó el caso.
Mientras él era director ejecutivo, Mudd dijo que las hipotecas de alto riesgo representaban alrededor del 2 por ciento o menos de las hipotecas que Fannie Mae estaba asegurando. El juicio promovido por la SEC se apoyó en gran medida en el hecho de que este porcentaje no incluía programas de larga data de la aseguradora para los prestatarios de baja puntuación de crédito, Expanded Approval y MyCommunityMortgage.
La teoría sobre las revelaciones de préstamos hipotecarios Alt-A tampoco era que Fannie no había revelado que estaba en el negocio. Clasificó una serie de sus préstamos como Alt-A y se lo dijo a los inversores. Pero no dio a conocer que había instruido a los prestamistas a no clasificar ciertos otros préstamos como Alt-A, a pesar de que también fueron apoyados por títulos precarios.
Eso no suena muy bien, pero no es como si Mudd hubiese ocultado el hecho de que Fannie estaba saltando al negocio de los créditos subprime y las hipotecas Alt-A.
Por otra parte, Fannie indicó a los inversores sobre sus indicadores crediticios para la totalidad de su cartera de negocios, que incluye todas las hipotecas que aseguraba: prime, subprime y otras.
Ninguno de los reguladores de Fannie hizo saber que no estaban de acuerdo con la forma en que la firma describía la exposición de sus préstamos. De hecho, Mudd afirmó que, mucho tiempo después de que él abandonó la firma, Fannie seguía revelando sus exposiciones de la manera que lo hacía cuando él era el ejecutivo a cargo.
Así, Mudd tenía una defensa conveniente.
Por otra parte, el fraude con valores requiere no solo que las revelaciones sean inexactas, sino también que haya también una cierta intención de engañar. Es por ello que al gobierno le gusta citar correos electrónicos cínicos o groseros de los ejecutivos financieros en sus denuncias y comunicados de prensa. Pero no encontró ninguna señal de este tipo en los expedientes de Mudd.
En términos generales, el manejo del gobierno de la crisis financiera sugiere que cambió su enfoque de cargar contra un individuo por el de otro que satisfaga las multas corporativas, a menudo logrado a través de acuerdos vinculados con los llamados arreglos de procesamiento diferido, o sus equivalentes civiles, que son compromisos de las empresas de cambiar sus prácticas internas de una manera que limite el potencial de una futura infracción de la ley.
El gobierno ha evitado en gran medida tratar de acometer contra los altos ejecutivos que presidían las instituciones que colapsaron durante la crisis financiera. Los problemas y los resultados del caso Mudd ejemplifican algunas de las razones para el cambio.