© 2016 Economist Newspaper Ltd, Londres. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso.

BRASILIA, Brasil.

Los vendedores callejeros que se ponen alrededor del Congreso de Brasil deben haberse sentido decepcionados. La policía esperaba que se reunieran miles para las etapas finales del juicio de impugnación de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Pero cuando el Senado votó 61 a 20 para destituirla el 31 de agosto, la explanada, dividida por una cerca para evitar los choques entre sus enemigos y sus simpatizantes, estuvo sorprendentemente vacía. Su ex presidente, Michel Temer, que ha sido presidente interino desde mayo, prestó juramento horas después para cumplir con los últimos 28 meses del mandato de Rousseff.

Fue un final apagado para una era notable. Durante los últimos 13 años, el izquierdista Partido de los Trabajadores de Rousseff, conocido como PT, ha dominado la política. El partido derribó barreras. Luiz Inácio Lula da Silva, el predecesor y mecenas de Rousseff, se convirtió en el primer presidente de clase obrera en el 2003; ella fue la primera mujer en ocupar el puesto. El auge mundial de las materias primas pagó programas que ayudaron a 40 millones de personas a salir de la pobreza. Muchos brasileños siguen agradecidos.

Pero la apasionada autodefensa de Rousseff ante el Senado el 29 de agosto conmovió a pocos de ellos. El cargo en su contra –que manipuló cuentas gubernamentales para ocultar el tamaño del déficit presupuestario– no era una ofensa digna de la impugnación, insistió. Comparó su odisea con la injusticia y tortura que sufrió como guerrillera izquierdista durante la dictadura militar que gobernó en Brasil de 1964 a 1985. Las élites políticas y empresariales conservadoras la estaban persiguiendo de nuevo, esta vez para sabotear sus políticas a favor de los pobres, afirmó.

De hecho, su caída fue provocada por la peor recesión de Brasil en la historia, la cual en parte fue obra suya; por el multimillonario escándalo centrado en Petrobras, la compañía petrolera estatal, y por su propia ineptitud política. La gente más duramente afectada por sus políticas fue aquella a la que más buscó proteger. Casi 12 millones de brasileños, uno de cada nueve trabajadores, están desempleados; un tercio más que hace un año. La economía se contrajo 3,8 por ciento anualizado en el segundo trimestre del 2016, reportó el gobierno el 31 de agosto. Pero con una inflación cercana al 10 por ciento, el banco central tuvo poca opción salvo mantener su tasa de interés de referencia sin cambio en 14,25 por ciento. Eso, también, es en gran medida culpa de Rousseff. Durante su primer mandato del 2011 al 2014, presionó al banco para que relajara la política monetaria prematuramente.

Temer ahora promete revivir la economía, en gran medida revirtiendo las políticas de la ex presidenta. Sus declaraciones sobre privatización, desregulación y disciplina fiscal han animado a los inversionistas. "Nuestro lema es gastar solo lo que recolectamos", dijo Temer en su primer discurso televisado como presidente. Su equipo económico, encabezado por el ministro de finanzas, Henrique Meirelles, inspira confianza. La bolsa de valores de San Pablo y el real, la moneda de Brasil, se han fortalecido desde que Temer asumió la presidencia. El costo de asegurar los bonos gubernamentales contra el incumplimiento del pago ha caído en un 25 por ciento.

Entre los votantes comunes, sin embargo, el nuevo presidente tiene poco más apoyo que la saliente. Su índice de aprobación está por debajo del 20 por ciento, según sondeos recientes. Su Partido del Movimiento Democrático Brasileño, o PMDB, está tan entrelazado en el escándalo de Petrobras como el PT, su aliado por más de una década. La mitad de los brasileños quiere la oportunidad de elegir un nuevo presidente en una elección. Esto sanaría las heridas abiertas por el imperfecto proceso de impugnación, dice João Castro Neves de Eurasia Group, una firma consultora, pero también retrasaría las urgentes reformas económicas. Temer no tiene intención de desencadenar una elección renunciando.

AHORA ES EL LÍO DE MICHEL

En vez de ello, empezará la hercúlea tarea de limpiar las caóticas finanzas públicas de Brasil. Rousseff empezó su presidencia con un superávit primario (antes de pagos de intereses) de 3,1 por ciento del producto interno bruto y la terminó con un déficit de 2,7 por ciento. Ese deterioro elevó los costos del endeudamiento, lo cual empeoró aún más la situación fiscal. El déficit general es de un alarmante 10 por ciento del PIB.

Si no se hace nada, advierte Vilma Pinto de FGV-IBRE, un grupo de análisis, la deuda pública excederá el 110 por ciento del PIB en el 2022, el doble de lo que era cuando Rousseff asumió la presidencia, y seguirá aumentando. Eso pudiera conducir a un incumplimiento de pagos, o a un regreso a la hiperinflación que plagó la década posterior a 1985. Esta fue domada por Itamar Franco, el anterior vicepresidente que fue elevado al cargo máximo (por la impugnación por cargos de corrupción de Fernando Collor).

Temer espera hacer maravillas similares. Está contando con dos medidas para lograrlo: un congelamiento de 20 años del gasto público en términos reales y una reforma del sistema de pensiones, el cual recompensa generosamente a los trabajadores retirados a costa de todos los demás. Ambas requieren enmendar la Constitución. Las propuestas se estancaron durante el proceso de impugnación. Ahora, promete el gobierno, ambas avanzarán.

Muchos analistas dicen que no son lo suficientemente ambiciosas. El presupuesto presentado el 31 de agosto no hizo nada para disipar esas preocupaciones. Reduciría el déficit primario solo modestamente, a 2 por ciento del PIB. Según el congelamiento del gasto propuesto, el gobierno no registraría un superávit primario antes del 2021, dice Pinto. La deuda pública repuntaría a 90 por ciento del PIB a principios de la próxima década. Eso probablemente evitaría una catástrofe, pero aún limitaría la capacidad de Brasil para responder a las sacudidas económicas, como una desaceleración interna o una fuga de los inversionistas extranjeros nerviosos.

Una reducción del déficit más rápida será políticamente dolorosa. Los brasileños quieren más servicios públicos, no menos. Un sondeo en julio encontró que un tercio de los brasileños había abandonado su seguro de salud privado en el último año debido a las penurias económicas; ahora dependen de las clínicas públicas. Un 14 por ciento de los padres dice que ha retirado a sus hijos de escuelas de paga. Persiste mucho gasto derrochador que pudiera ser recortado sin perjudicar a los brasileños comunes, estima Alberto Ramos, de Goldman Sachs, un banco de inversión. El gasto no financiero creció el doble de rápido que la economía bajo el PT. "Es difícil creer que todo eso fue sensato y eficiente", dice Ramos.

Temer, por tanto, tendrá mucho en qué reflexionar. Al esforzarse por ser el próximo Itamar Franco, pudiera sufrir el destino de José Sarney, un vicepresidente que fue inesperadamente promovido en 1985 después del fin del régimen militar. Sarney propuso una serie de planes mal concebidos para combatir la inflación que solo empeoraron las cosas. La turbulencia resultante ayudó a impulsar a un populista telegénico en 1989: Fernando Collor.