Los casos de abuso sexual de menores denunciados en los últimos meses en el país reavivaron la indignación y el repudio ciudadano contra las penas que prevé el Código Penal Paraguayo (CPP) para estos delitos y más aún comparándolas con los castigos impuestos por abigeato, más severos porque está considerado "un crimen".
Recordemos que el artículo 135 establece solo hasta 3 años de cárcel o multa para un abusador de un menor; disponiendo un aumento cuando existen agravantes y llegando hasta los 10 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima; mientras que el artículo 136 castiga con hasta 10 años de cárcel a quien cometa robo y faena de animal vacuno.
No obstante, más allá de las sanciones impuestas para el robo de vacas, la ciudadanía clama hoy por penas más duras para los abusadores y violadores de niños.
Modificación
La modificación contempla que si se presentan maltratos físicos, reiteración del abuso o en caso de que el menor esté a cargo de la persona acusada la pena será hasta 15 años. Por otro lado, si se comprueba que hubo coito con el menor o la víctima de no más de diez años de edad, la pena máxima será de hasta 20 años de prisión.
Penas indignantes
La Nación presenta varios casos de abuso sexual en niños que respaldan la indignación y el repudio ciudadano, considerando que los acusados fueron condenados a solo 2 y 5 años de cárcel luego de ser hallados culpables en un juicio oral; mientras que en los procesos penales por abigeato la Justicia aplicó condenas que van desde los 7, 8 y 12 años de cárcel, sí, por robar y faenar ganado.
Abuso de menores
Entre los procesos penales en los que la Justicia aplicó condenas por abuso sexual de niños se encuentran el de Sixto Bareiro Chaparro, quien fue condenado a dos años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Héctor Capurro Radice (presidente), Juan Carlos Zárate y María Esther Fleitas. La agente fiscal del caso fue Alicia Sapriza.
De acuerdo a los antecedentes, el 13 de noviembre del 2013, cerca de las 14:00, la víctima caminaba junto a un hermano y su madre hacia su domicilio, cuando el hoy condenado, a bordo de un motocarro, les cierra el paso y al descender del vehículo manosea a la menor, para retirarse posteriormente del sitio. La mujer formuló la denuncia en la Comisaría N° 21, Metropolitana, a raíz de que ella y sus hijos fueron perseguidos en varias ocasiones por el victimario.
Un caso que dio que hablar fue la condena de 5 años de cárcel para un hombre de 53 años, sentenciado tras comprobarse que abusó sexualmente de su hija, una menor de edad. El juicio oral se llevó a cabo en la sede judicial de Fuerte Olimpo y el condenado deberá cumplir la pena en la cárcel regional de Concepción.
El hecho se registró en el 2013 en la localidad de ex Obraje San Carlos, ubicada a 100 kilómetros de Fuerte Olimpo, pero no fue denunciado por la víctima hasta varios meses después, supuestamente por temor a su progenitor, quien la amenazaba con matarla si contaba lo sucedido. Finalmente, la menor rompió el silencio y se inició un proceso judicial que culminó con la condena.
El primer día de juicio se realizó en uno de los salones de la Gobernación de Alto Paraguay, ya que el Juzgado no tiene una sede propia donde se puedan desarrollar audiencias de este tipo. Este caso representó el primer juicio oral y público realizado en la nueva circunscripción judicial de Fuerte Olimpo. El hecho es considerado histórico por los lugareños.
Abigeato
Los elementos fueron arrimados a los magistrados Sadi Estela López, Gloria Carolina Dávalos y Santiago Trinidad Núñez, integrantes del Tribunal de Sentencia, quienes resolvieron la mencionada pena carcelaria para los involucrados. Los antecedentes indican que el 8 de setiembre del 2014, los condenados fueron hasta la vivienda de Francisco Martínez y Cesaria Portillo, ubicada en la Colonia Curupa'y de Capitán Bado. Una vez allí, golpearon con brutalidad a los propietarios, para luego robar sus animales y objetos personales.
Otro caso es el de Néstor Rojas Báez, condenado a 8 años de cárcel tras ser hallado culpable de los delitos de abigeato y lesión de confianza por el robo de 300 cabezas de ganado de la estancia J8, en San Pedro, donde trabajaba como capataz. El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ninfa Aguilar, Tito Gauto y Vicente Coronel se encargó de aplicar la sentencia. Durante el juicio oral, la fiscala de Santa Rosa del Aguaray, Fany Aguilera, logró reunir todos los elementos para demostrar la responsabilidad del acusado en el abigeo perpetrado en agosto del 2014.
Aníbal Álvarez es otro condenado por abigeato, pero en este caso, a 7 años de cárcel. La acusación fue presentada en juicio oral y público por la fiscala de Presidente Hayes, Cristina Chamorro. El hecho ocurrió en julio del 2010, en la estancia San Isidro, propiedad de Marcelo Abente, ubicada en tramo Pozo Colorado, Concepción.
El ahora condenado tenía prisión domiciliaria, pero no la cumplió, ya que volvió a ingresar a la estancia mencionada el 29 de diciembre del 2012, por lo que tiene otra causa abierta por el mismo hecho. Álvarez fue detenido en la vía pública, en un colectivo en el que transportaba carne, producto del abigeo. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Juan Carlos Zárate Pastor (presidente), Gustavo Santander y María Ester Fleitas.
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