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Es ilusorio creer que detener la inmigración a Europa no tendrá costos.

La hostilidad hacia la inmigración fue un factor clave en el voto de los británicos el pasado 23 de junio para optar por la salida de la Unión Europea (UE). Con toda propiedad, Theresa May dijo que la libertad de movimiento desde la UE no podía seguir como antes. Sin embargo, frenar la migración será, a la vez, complicado y costoso.

Y los problemas tienen números bien definidos. Tanto en el 2010 como en el 2015, los conservadores dijeron que iban a reducir la cifra neta de la inmigración anual a figuras de cinco guarismos. Sin embargo, la cifra para el 2015 –publicada antes del referéndum por el Brexit– era de 333.000, casi la mitad de ella procedente de la UE. Semejante elevada inmigración desde el continente europeo es relativamente nueva, causada en gran parte por la adhesión de 10 países de Europa del Este en el 2004 y el 2007. Cifras dadas a conocer el 25 de agosto pasado mostraron que la inmigración neta del año hasta marzo seguía cerca de niveles récord.

Uno de los problemas es qué hacer con los 3,5 millones de migrantes existentes en la UE. British Future, un grupo de análisis, encontró que el 84% de los británicos quieren que los inmigrantes se queden, aunque el gobierno se muestre todavía cauteloso para asumir un compromiso en ese sentido. May dijo que necesita primero una promesa recíproca para los 1,2 millones de británicos que viven fuera de casa en tierra firme europea.

También hay cierta controversia sobre si tener o no una fecha de corte, tal vez el 23 de junio (último día del referéndum por el Brexit). En realidad hay pocas posibilidades para deportaciones, que seguramente serían ilegales. Los migrantes de la UE tienen derecho a la residencia permanente después de vivir cinco años en Gran Bretaña. Teniendo en cuenta cuánto tiempo puede tardar en regir el Brexit, ese plazo puede ser suficiente para beneficiar a todos los inmigrantes que ya están ahí.

Luego sigue la cuestión de qué tipo de controles deberían aplicarse para los nuevos inmigrantes. La mayoría de los brexiteers (partidarios del abandono de la UE) se inclinan por un sistema de puntos "australianos", similar al que se aplica a los inmigrantes no europeos, que admite solo a personas capacitadas y con una educación formal. Sin embargo, Australia ya no está satisfecha con la forma en que funciona el sistema de puntos.

Según la Social Market Foundation, otro grupo de análisis, solo el 12% de los migrantes de la UE podría calificar bajo las reglas actuales para los inmigrantes que no sean de la UE. Pero cortar el número de la mano de obra no calificada podría tener sus costos. Las industrias de elaboración de alimentos, la agricultura y la hotelería dependen de ese tipo de mano de obra barata de Europa del Este.

Cortarla crearía escasez de trabajadores y obligaría a las empresas a reformular sus modelos de negocio: una mayor automatización, salarios más altos o simplemente cerrar el negocio. Los empleadores también pueden exigir un esquema para admitir trabajadores temporales poco cualificados.

La carga administrativa de las nuevas restricciones sería pesada. Los datos sobre los migrantes de la UE varían de escasos a inexistentes. Los números de la seguridad social no son fiables, en la medida que se emiten más de los que se usan. No es probable que el gobierno recurra a permitir visas de viaje y menos aún cédulas de identidad.

Por lo tanto, la aplicación de cualquier sistema de permisos de trabajo se basaría en los empleadores, propietarios de casas o departamentos y los servicios públicos, lo que significa más burocracia. El Ministerio del Interior tendría que aumentar su fuerza de control. Con su plantilla actual de personal, se necesitarían 140 años para procesar las solicitudes de todos los migrantes existentes de la UE para la residencia permanente, según el Observatorio de la Migración de la Universidad de Oxford.

Además, considerando la potencial puerta trasera vía Irlanda, país que mantendrá la libre circulación con la UE, pero que no tiene los controles fronterizos con Gran Bretaña, el gran riesgo es que los controles migratorios más estrictos simplemente implicarán más inmigración ilegal. Los inmigrantes ilegales son menos propensos que los inmigrante legales a pagar impuestos, recibir el salario mínimo, tener un empleo normal o cobertura de salud y seguridad social.

Los supuestos beneficios económicos de cortar la migración de la UE también es dudosa. Los brexiteers argumentaron que los migrantes llevarán hacia abajo a los salarios, aumentarán la presión sobre los servicios de salud y educación, quitarán empleos a los británicos y será más difícil para los jóvenes acceder a una vivienda. Sin embargo, investigadores de la Resolution Foundation, otro grupo de análisis, desconsidera la mayoría de estas denuncias.

Sostienen, sin embargo, que podría haber un ligero impacto a la baja sobre los salarios en algunas industrias, pero esto queda pequeño frente a lo que sería una recesión. Lejos de robar empleos, los migrantes de la UE ocupan aquellos que los británicos desprecian. La tasa de empleo en Gran Bretaña está en un máximo histórico.

Desde que tienen la tendencia a ser jóvenes, empleados y contribuyentes, los migrantes son aportantes netos al Estado. Por esa razón, deberían aligerar, no aumentar, la presión sobre los servicios públicos y la vivienda, aunque hay un argumento contra un "fondo de impacto migratorio" que canalizaría impuestos hacia un mayor gasto público local.

Un freno posterior al Brexit sobre la inmigración causará un daño económico. Otros líderes de la UE también dejaron en claro que eso implicaría un acceso más limitado de Gran Bretaña al mercado único de la UE, lo que a su vez significaría un nuevo golpe a la economía. El reporte de British Future dice que el sistema actual ya no funciona y propone un "diálogo nacional" sobre la política de inmigración. Dando por sentado que los políticos (y los electores) entienden que controles más rígidos en la inmigración impondrán costos significativos a la economía sería un buen comienzo.