Las propuestas sobre temas sensibles que afectan a la población deben se presentadas con argumentos sólidos, con un convencimiento, y no sobreponiendo actitudes políticas para recién después analizar las consecuencias que se pueden generar. Solo así tendrá un resultado acorde a lo que se pretende, que se supone siempre tiene como objetivo mejorar las cosas.

Si no existe un análisis previo de cualquier proyecto, el resultado podría ser desastroso. Se sabe que en el Congreso las decisiones se toman generalmente por mayoría política, sin importar los argumentos a favor o en contra.

El planteamiento sobre la propuesta de eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) presentada en el Senado pareciera tener este cariz, el de la presentación sin mucho estudio para recién luego analizar si es factible o no. Solo así se puede entender que se haya presentado un proyecto y, tras ello, se organicen audiencias públicas para escuchar "lo que quiere" la gente, por ejemplo. Es decir, se planteó la eliminación de la FTC sin un análisis al menos básico de lo que implicaría la acción, evidenciando que fue más bien una postura política, antes que una propuesta alternativa para dar solución al problema de seguridad.

Hablamos del proyecto de derogación de la Ley 5.036/2013 que modifica la normativa de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que fue presentado en el Senado el 26 de mayo del 2015. El proyectista, Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), solicitó el 11 de agosto, en sesión ordinaria, el tratamiento del tema en 30 días. Es decir, se tendría que tratar en dos semanas más. La Mesa Directiva de la Cámara Alta había fijado dos audiencias públicas que debían realizarse este viernes 4 en Concepción y en Santa Rosa del Aguaray, pero estas pasaron para el 30 de setiembre a pedido de los mismos proyectistas. Ante esto, se extiende el plazo para el tratamiento de la iniciativa legislativa.

Se planteó la eliminación de la FTC sin un análisis al menos básico de lo que implicaría la acción, evidenciando que fue más bien una postura política.

Cabe apuntar que los primeros en dar una señal de rechazo a la propuesta fueron los productores, ganaderos e industriales de la zona, así como familiares de víctimas del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tiene entre sus garras criminales a tres paraguayos, causando dolor a otras familias. A decir de los organismos de seguridad, existen resultados positivos en la lucha contra las bandas delictivas de la zona, pero también es cierto que debe dar el golpe final, derrotando y llevando ante la ley a los criminales que usan la ideología para cometer atroces actos contra el pueblo.

El atentado en Arroyito, que dejó 8 militares muertos y a un país en luto, amplió la discusión sobre la propuesta presentada por el PDP, atendiendo a que el sentido común señala que si el grupo criminal no tiene problemas de atacar y matar a militares o policías no tendría freno alguno para atacar a la población civil a los que ellos llaman "oligarcas". De hecho, el objetivo del EPP son los trabajadores de la zona. ¿Se imagina usted viviendo en esa parte del país y que la única garantía de tener seguridad sea una fuerza especial, pero ésta es retirada por una decisión política?

Sacar a las fuerzas de seguridad de la zona norte en este momento será un error muy grande desde el punto de vista estratégico e incluso político, porque será como una victoria para los criminales. Ya están segando vidas, y liberarles la zona será como un "regalo". Eso no debe ser permitido. Antes que brindarles un "regalo", hay que reforzar a esa fuerza para ponerlos ante la ley.

En los últimos días pareciera que la racionalidad está ganando terreno. Referentes del partido que impulsa la idea analizan la posibilidad de retirar el proyecto o modificarlo. Explicaron que empezaron a reunirse incluso antes de las audiencias públicas con referentes de la Iglesia y de las organizaciones sociales para escucharlos. Es decir, a más de los sectores que se manifestaron en contra de la propuesta, los familiares de las víctimas del EPP, pobladores y autoridades de la zona, ahora en el ámbito político se analiza lo que se debió analizar antes.

Más allá de los discursos que se puedan dar, sobre que no será una medida a favor del Gobierno, sino de la gente (que debería ser así), lo importante es dar un corte definitivo al tema y, eventualmente, plantear modificaciones para ajustar y mejorar la disposición que rige hoy para la FTC.