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Ha pasado una década más o menos desde que una feroz guerra entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un ejército de narcoguerrilleros izquierdistas conocido como las FARC, dominaba la vida en Colombia. Una ofensiva lanzada por fuerzas gubernamentales en el 2002 empujó a las FARC a áreas montañesas y selváticas remotas. Un cese al fuego unilateral declarado por las FARC el año pasado puso fin virtualmente a las hostilidades. Actualmente, el terror de la guerra ya no inquieta a los colombianos que residen en las ciudades.
Sin embargo, el acuerdo de paz final anunciado el 24 de agosto, después de cuatro años de negociaciones en La Habana, es histórico. Pone fin a una guerra que empezó hace 52 años y ha causado la muerte de quizá 220.000 personas y desplazado a siete millones más. Según el acuerdo, las FARC se convertirán en un partido político normal.
Después de que sus combatientes finalmente se quiten los uniformes, continuarán existiendo vestigios de insurgencias en Sudamérica. Un remanente de Sendero Luminoso, dedicado al narcotráfico, combate débilmente en Perú y el Ejército de Liberación Nacional sigue siendo más que una molestia en Colombia. Pero el reconocimiento de las FARC al orden constitucional de Colombia representa la muerte de un tipo de violencia estalinista que ha plagado a Latinoamérica durante décadas. Cuando los ciudadanos de Colombia voten sobre el acuerdo el 2 de octubre, merece su apoyo.
El acuerdo al que llegaron el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como "Timochenko", establece el desarme de las restantes 6.800 tropas y 8.500 milicias de las FARC y su concentración en 23 "zonas de normalización". Ese proceso va a ser supervisado por Naciones Unidas. Los guerrilleros erradicarán los campos de coca y retirarán las minas terrestres, las cuales han matado a 11.000 personas desde 1990. El gobierno va a gastar miles de millones de dólares en el desarrollo en las áreas que las FARC anteriormente controlaban.
No es un acuerdo perfecto. La parte más contenciosa son las estipulaciones para llevar ante la justicia a quienes cometieron crímenes horribles contra colombianos no combatientes. Las FARC, el ejército colombiano y los grupos paramilitares derechistas asesinaron a civiles. Los crímenes de las FARC se extendieron a la extorsión, el secuestro y el enrolamiento de niños en el servicio militar. Los perpetradores de esos crímenes pertenecen a la prisión. Según el acuerdo de paz, sin embargo, si confiesan no irán a la cárcel. En vez de ello, los guerrilleros y soldados comparecerán ante un tribunal especial; si son sentenciados, su libertad será "restringida" y realizarán servicio comunitario por hasta ocho años.
UN POCO DE PAZ SOLAMENTE
Muchos colombianos comprensiblemente encuentran esa indulgencia difícil de soportar. Su indignación ha sido aprovechada por Álvaro Uribe, el predecesor de Santos. La incesante ofensiva contra las FARC durante su mandato presidencial hizo posible la paz (y condujo a algunas de las atrocidades cometidas por las fuerzas pro gubernamentales). Ahora senador, Uribe denuncia el acuerdo de paz como una rendición ante el "Castro-chavismo" (que no lo es) y está encabezando una campaña contra él. Los sondeos de opinión sugieren que la votación en el plebiscito será cerrada.
La lucha de Uribe es errónea. Aunque defectuosa, la "justicia de transición" que el acuerdo de paz traerá será más rigurosa de lo que se ha logrado en otros países, como Sudáfrica y El Salvador, que han puesto fin a encarnizados conflictos. Los pacificadores pidieron al Papa y al secretario general de la ONU que ayuden a seleccionar al comité que designará a los jueces para el tribunal. Eso impulsará su credibilidad.
Una votación que rechazara el acuerdo sería una tragedia. Las FARC no pueden regresar a su anterior potencia mortal, pero incluso a fines del 2013 ocurrían unos 2.000 enfrentamientos armados. Las regiones rurales que soportan la mayor carga de la guerra están desesperadas por tener paz. Los colombianos tienen la oportunidad de poner fin a uno de los conflictos más prolongados del mundo. Deberían aprovecharla.