El secretario de Estado indica que la nueva movilización tiene trasfondo político.

Por Jazmín Gayozo

-¿Qué opina sobre esta movilización campesina?

-Desde el Gobierno Nacional podemos afirmar categóricamente que hay un cumplimiento total de lo firmado en el acuerdo con el sector campesino el 23 de abril pasado. El único punto que está un poco más rezagado, que era la posibilidad de compra de las cuentas del sector privado a través del Banco Nacional de Fomento, eso hoy ya está en vigencia; está subsanado ese inconveniente.

Lo del resarcimiento, que estaba contemplado la suma de 10 mil millones de guaraníes, eso hace más de 45 días que se ha hecho cumplimiento total; en la reestructuración de las deudas con el sector público, a la fecha tenemos más de 8 mil personas cuyas deudas han sido reestructuradas en una suma cercana de 30 mil millones de guaraníes, con una quita de interés de casi 20 mil millones de guaraníes y esa cantidad de gente beneficiada va aumentando e inclusive ya han recibido nuevos créditos algunas personas que han reestructurado sus deudas. Por lo tanto, para nosotros, desde el Gobierno, no se justifica: primero, que ellos se retiren de la mesa de negociación; y segundo, que ellos anuncien una nueva marcha en el mes de setiembre supuestamente por incumplimiento del Gobierno.

-Ellos dicen que no hubo un cumplimiento total...

-En ese sentido es bueno aclarar que ellos argumentan que hace cuatro meses que se firmó el acuerdo y que a la fecha no se estaba todavía adquiriendo, hay que precisar fechas. Hace cuatro meses que se firmó el acuerdo, pero recién un mes después del acuerdo, el 23 de mayo, ellos empezaron a acercar el listado de las personas que tenían deudas y lo estuvieron entregando hasta los primeros días de julio; es decir, que hace aproximadamente 45 a 50 días terminaron de entregar.

En ese tiempo, lo que se hizo fue cuantificar y procesar la situación de deuda de la gente que ha traído la lista y también en ese tiempo se ha hecho los ajustes técnicos y legales para que el BNF pueda firmar el acuerdo con los bancos y financieras privadas para proceder a la compra de deuda bajo las condiciones del acuerdo. El Gobierno cumplió todo lo que había firmado, lo que hoy no están cumpliendo son las organizaciones campesinas.

-¿Usted cree que hay un interés político detrás?

-Para mí no hay duda de que en ciertos dirigentes de esta coordinadora prevalece el interés personal por sobre la gente a la cuál ellos dicen representar. Las cabezas más visibles hoy, que anuncian la salida de la mesa de negociación con el Gobierno y anuncian la movilización son Luis Aguayo y Elvio Benítez, ambos son dirigentes del Frente Guasu. Benítez es actual concejal del Frente Guasu y Luis Aguayo, hasta no hace mucho tiempo era presidente interino del Frente Guasu, el trasfondo es político.

-¿Esta movilización del 20 de setiembre anula el acuerdo firmado o el Gobierno cumplirá igual?

-Nosotros hasta hoy no tenemos una comunicación oficial, primero de que se hayan retirado de la mesa, segundo de esta nueva movilización. Para el Gobierno está vigente lo que habíamos firmado puesto que no se ha incumplido ningún punto. Nosotros vamos a seguir trabajando con los productores que tengan intención de reestructurar su deuda y volver a ser sujeto de crédito. Lo que nosotros no vamos a aceptar es la condonación, eso es categórico, es impensable.

-¿Cuál es el problema al rechazo de la condonación?

-La condonación ha sido largamente debatida durante toda la marcha de abril. La condonación más que una solución será un perjuicio más a los productores, puesto que en la hipótesis de que eso se formulase quedaría en la foja de cada productor y la misma no va a ser nunca más sujeto de crédito por ninguna institución bancaria, entonces ante esa situación el Gobierno planteo la Ley de Rehabilitación Financiera, que fue promulgada en noviembre del año pasado y que permite al productor pagar hasta 12 años de plazo con 2 años de gracia y con exoneración del interés que se ha generado. Es decir, tiene que devolver solamente el capital a 12 años de plazo, son condiciones altamente favorables para el productor.