• Por Enrique Vargas Peña

Ocho militares perdieron la vida sirviendo contra el grupo terrorista autodenominado "EPP", lo que hace trágicamente urgente investigar las denuncias del diario ABC Color que involucran al comandante de Fuerzas Militares, general Luis Gonzaga Garcete, por haber permitido, cuando no ordenado directamente, el uso del aparato de inteligencia de las Fuerzas Armadas no para el fin para el cual el pueblo lo paga con sus impuestos, la lucha contra el terrorismo, sino para averiguar quién estaba investigando a su esposa (http://bit.ly/2bHb9VK) (http://bit.ly/2bpOoos) (http://bit.ly/2bNQNZA).

Al momento de escribir este material no tengo aún elementos suficientes para afirmar que la denuncia sea indiscutible aunque hay algo muy cierto ya, fuera de ella: La Fuerza de Tareas Conjunta para la que el pueblo paga el aparato de inteligencia no puede mostrar que tiene la iniciativa del conflicto generado por el grupo terrorista autodenominado "EPP".

Lastimosamente, la iniciativa en el conflicto la tiene el grupo terrorista, lo cual es evidente con el sangriento atentado de ayer y esa situación es consistente, es lógicamente coherente, con la hipótesis de un pésimo manejo de la situación por parte de los militares, lo que a su vez es consistente con la posible distracción de recursos pagados por el pueblo para el conflicto en cualquier otra cosa.

Insisto: Destinar a espiar periodistas los recursos para combatir a terroristas es un crimen cuya magnitud se mide con la muerte de militares a manos de los asesinos a los que Garcete habría dejado sin vigilar adecuadamente para defender a su esposa.

A partir de tales consistencias entre resultados y denuncia, que para mí son indicios suficientes de que algo se está haciendo muy mal con el aparato de inteligencia, el Ministerio Público debería investigar con más ahínco los elementos aportados por el diario.

Si el general Garcete, en efecto, destinó un solo guaraní del esfuerzo del pueblo paraguayo por derrotar al terrorismo a sus objetivos particulares, entonces sería un traidor ensangrentado y un malversador, y además habría incurrido en la comisión de delitos comunes que están tipificados con el fin de precautelar las garantías constitucionales establecidas en el Artículo 36 de nuestra Constitución para preservar la libertad de los paraguayos.

El Artículo 36 de nuestra Constitución protege a cada ciudadano paraguayo de la voracidad informativa del Estado, se hizo contra ella, para detenerla y ponerle límite porque la voracidad informativa del Estado es propia del totalitarismo y no es compatible con una sociedad libre y democrática. Por eso, en nuestro país "El patrimonio documental de las personas es inviolable".

Pero nada de eso parece interesar a Garcete. Con todo respeto y al mero efecto descriptivo, debo decir que la dicción del general permite dudar de que haya leído y comprendido nuestra Constitución o cualquier otro libro alguna vez (http://bit.ly/2apLIWf).

No logro entender cómo puede una persona que no habla bien el idioma en que debe leer los textos de doctrina militar pueda haber sido promovida a un cargo tan importante y menos aun entiendo cómo, a pesar de la sucesión de hechos que suceden, se lo mantiene en el cargo.

Por eso creo, en efecto, que a esta altura de los acontecimientos está muy claro para todos que al general Garcete la libertad de los paraguayos, nuestra libertad, le interesa poco o nada. Como mucha otra gente influyente, ni siquiera entiende el concepto de libertad. Así son los bárbaros con poder.

Como base de la anterior afirmación quiero recordar que el funcionario público Luis Gonzaga Garcete, pagado por el pueblo para comandar las Fuerzas Militares, violó y sigue violando nuestra Constitución al negarse a concurrir a las convocatorias del Senado, a las cuales está expresamente obligado por el texto constitucional (http://bit.ly/2bHjGDp).

Aunque existen precedentes autoritarios en sentido contrario, precedentes sin validez que denigran y comprometen al gobierno que los invoca, los militares son funcionarios públicos, miembros de la administración pública.

El Artículo 192 de nuestra Constitución establece que los funcionarios públicos "están obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días". Solamente la actividad jurisdiccional está exceptuada. Nuestra Constitución no exceptúa a la actividad militar.

Y el Artículo 193 de nuestra Carta Magna establece que "salvo justa causa, será obligatorio para los citados" (por cualquiera de las cámaras legislativas) "concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda la información que les fuese solicitada". Los únicos funcionarios exceptuados, a los que las cámaras no pueden citar son el "Presidente de la República, al Vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional". Nuestra Constitución no exceptúa a la actividad militar.

Nada en el Artículo 173 de nuestra Constitución permite al funcionario público Luis Gonzaga Garcete desconocer las convocatorias del Congreso: "Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta constitución y de las leyes (…) Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos…".

En síntesis, el funcionario Luis Gonzaga Garcete tiene una obligación personal y directa ante el Congreso, que no puede ser intermediada por el comandante en jefe ni por el ministro de Defensa. Nuestra Constitución ordena que cada funcionario sea directamente responsable ante el Congreso sin que nadie pueda interponerse como pretende Garcete. Entre el Congreso y Garcete no está el presidente de la República como quieren hacer creer los abogados autoritarios.

El hecho de que Garcete no concurra es otro indicio de que tiene cosas que ocultar en el manejo de la Fuerza de Tarea Conjunta que opera en el norte del país. Y con los asesinatos de ayer, su violación de nuestra Constitución adquiere ribetes trágicos.

Me da la impresión de que el Ministerio Público no quiere entender la gravedad de la situación al no procesar a Garcete, quien hace rato debió haber sido destituido del cargo que no sabe honrar.