De 327 expedientes analizados -que tienen a menores procesados-, el 70% no terminó la escuela y el 53 % consume crack.

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La poca educación y el alto consumo de drogas son factores comunes entre los adolescentes infractores, de acuerdo al Programa Justicia Juvenil Restaurativa, que analizó 327 expedientes judiciales, llevados adelante por el Juzgado Penal Adolescente de Lambaré, que abarca igualmente las ciudades de San Antonio, Ñemby y Villa Elisa, entre los años 2014 y 2016.

El estudio dio como resultado que el 70% de los adolescentes procesados por algún hecho punible no culminó la primaria; mientras que el 21% siguió con sus estudios en diferentes instituciones educativas; el 9% con la educación media diversificada en profesiones de mando medio, como carpintería, plomería y otros; y el 3% nunca pisó una institución educativa.

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En cuanto al consumo de drogas, se revela que el 54% es adicto; mientras que el 46% no usa ningún tipo de estupefaciente. El crack (53%) es la droga que más ingieren los adolescentes, seguido por la marihuana (39%) y cocaína (8%).

Entre los delitos más cometidos por los adolescentes, lideran el robo, robo agravado, hurto, entre otros, con el 55%; seguidos por exposición al peligro al tránsito terrestre, amenazas (30%); y por último, hechos más graves, como abuso sexual y homicidio, con 15%, dato bastante alarmante.

Del total de infractores, el 43% tiene 17 años; el 26% tiene 16 años; 14% (14); 12% (15) y el 5% ya cumplió la mayoría de edad. La ciudad de Ñemby encabeza la lista de municipios donde más delitos cometen los adolescentes, con el 41%; en segundo lugar está Lambaré y Villa Elisa (20%); seguidas de cerca por San Antonio (19%).

Salidas alternativas

Al término de la etapa preparatoria del proceso penal, los menores sujetos a un expediente judicial pueden obtener salidas alternativas y evitar el juicio oral y público.

Las sanciones que la Justicia aplica a los adolescentes son las medidas socio educativas, remisiones y la suspensión condicional del procedimiento. Según el informe, en el 41% de los casos se aplica la suspensión condicional del procedimiento; el criterio de oportunidad (13%); la remisión (11%); sobreseimiento definitivo (10%); mientras que el 3% va a mediación, donde se busca llegar a un acuerdo entre el menor infractor y la víctima del hecho.

La Justicia penal adolescente tiene tres enfoques; punitivo, rehabilitativo y restaurativo, este último método es, hoy, el más utilizado en nuestro país.

Imputabilidad

De acuerdo al juez penal de la adolescencia de Lambaré, Camilo Torres, los delitos cometidos por menores representan un bajísimo porcentaje en nuestro país, señalando que "la mayoría de los procesos son por hechos punibles contra el patrimonio y que solo 2 o 3 homicidios por año son cometidos por adolescentes".

Torres salió al paso de la opinión de algunos sectores de la sociedad, que sostienen que los menores son los mayores criminales, argumentando que "es mentira que un adolescente sea un criminal nato, así como actualmente se quiere presentar a los menores que cometen delitos".

En lo que respecta a bajar los años de imputabilidad de un menor, el magistrado fue tajante y afirmó que "no existen datos que confirmen que es mejor bajar la edad de la imputabilidad y si se llega a dar esto solo será meter niños a la cárcel. Para solucionar el problema de los adolescentes infractores es necesaria una política pública que tenga como base a la educación".

En todo el país existen más de 330 menores infractores privados de su libertad, frente a los 11 mil internos de las cárceles de mayores, ratificando lo señalado por Torres.

Baja reincidencia</b>

El juez Torres se mostró preocupado por el alto porcentaje de adolescentes que no terminaron su primaria y recalcó que los chicos de 14 y 15 años no son los que más hechos punibles cometen.

"Los adolescentes de 17 años son los que más delitos cometen. Actualmente, existe bajo porcentaje de jóvenes reincidentes", reveló el magistrado y agregó que, en muchos casos, las víctimas no quieren que los adolescentes vayan a la cárcel, pero sí que se repare el daño causado por los mismos.

Según Torres, están trabajando en conjunto con las municipalidades de Lambaré, Ñemby, San Antonio y Villa Elisa, capacitando a los menores que están dentro del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, con un equipo multidisciplinario de psicólogos, docentes, trabajadoras sociales y mediadores.

Trabajo conjunto

El juez reiteró que tienen firmado un convenio con las municipalidades de Lambaré, Ñemby, San Antonio y Villa Elisa, que permite que los chicos reparen el daño que ocasionaron a la sociedad, realizando limpiezas en las plazas, iglesias y otros sitios.

Igualmente, el juzgado penal de la adolescencia trabaja con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), donde los adolescentes van a estudiar oficios de carpintería, electricidad y otros.

Para la reinserción de los jóvenes, se involucra a la sociedad, que es una pieza fundamental. No obstante, Torres criticó que en nuestro país no funciona la política de prevención, no existe colegio ni salud gratis. "La Justicia está para reencausar a los jóvenes, no para solucionar problemas sociales, como educación, salud y empleo", subrayó.

Consumo de drogas

Graciela Barreto, directora general de Reducción de la Demanda de la Senad, explicó que en muchos casos son los grupos de los jóvenes los que presionan a consumir algún tipo de estupefacientes.

Seguidamente, reveló que "hay una gran disponibilidad de droga en la sociedad" y que le "preocupa el comportamiento de algunos padres, tíos y padrinos que mandan a los niños a comprar bebidas alcohólicas y cigarrillos", ya que este comportamiento podría inducirlos, de alguna manera, al vicio, por lo que debe ser evitado.

Lo ideal sería que los padres tengan mayor control sobre los hijos adolescentes, según Barreto, por que hoy los vendedores de drogas están en todas partes y sobre todo en las redes sociales, que son de fácil acceso para los menores.

Aumentó inversión

La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia presentó, días atrás, un informe de las acciones realizadas por el Estado en los primeros tres años de gobierno de Cartes, en el que destacaba el aumento de la inversión en la niñez y la adolescencia.

El encargado de la cartera estatal, Carlos Zárate, dijo en la oportunidad que "el compromiso del presidente fue llegar al 2018 con el 7% del PIB para la niñez y la adolescencia", y que "al cierre del 2015 el Estado ya invirtió 5,9% del PIB en programas directos e indirectos y ampliados dirigidos a la niñez y la adolescencia, lo que significa un aumento importante en comparación al 2014".

De acuerdo a Zárate, están encaminados a lograr la meta de inversión, destacando el acompañamiento de organismos internacionales como Unicef, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.

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